El próximo 06 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), llevará a cabo un simulacro electoral como el de 2021, según denuncian opositores y analistas. En este proceso, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca consolidar su absolutismo en las 153 municipalidades de Nicaragua, utilizando viejos rostros o remplazando a quienes no han seguido sus órdenes al pie de la letra.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Municipales 2022
Managua, Nicaragua
Como en el 2021, ahora en Nicaragua tampoco se vive un clima electoral normal, o al menos entusiasta. Las personas en las calles de Managua, Tipitapa, Masaya, Matagalpa y Jalapa, como logró documentar COYUNTURA, solo murmuran sobre el proceso, y en cambio les preocupa más la última ola de detenciones ejecutada por la Policía Nacional en medio de la represión y persecución contra la iglesia católica. También es de relevancia para la ciudadanía -y las organizaciones de sociedad civil- la treintena de medios de comunicación cancelados por el régimen Ortega-Murillo, mientras que aseguran ya conocer los resultados de las votaciones de noviembre: "el Frente tendrá el gane en todas las alcaldías que quiera".
Gracias a los informes de Urnas Abiertas -único observatorio local en el país centroamericano-, el monitoreo de varios medios de comunicación independientes y oficialistas, y el análisis de nuestra REDACCIÓN, se identifican al menos cinco razones sustanciales que demuestran por qué las supuestas elecciones municipales de 2022 en Nicaragua son ilegítimas.
1. Sin competencia, de nuevo, y con colaboracionistas, otra vez
Los partidos colaboracionistas, fieles aliados del sistema orteguista, lucran con su participación en los procesos de votación, y con ello también han acreditado los fraudes electorales cometidos en los últimos 10 años. "A la fecha los partidos colaboracionistas no han reclamado por el atraso que hubo en la convocatoria y la publicación del calendario electoral, tampoco por la disminución de procesos para corregir el padrón y la cartografía electoral, parecen ser indiferentes a la reducción de los tiempos para conformar estructuras departamentales y municipales, se conforman con la anulación del 4 % mínimo de votos adquiridos para acceder al reembolso por la campaña electoral y dejan en evidencia que su vocación tiene de todo menos de democrática", denuncia Urnas Abiertas al respecto, en uno de sus más recientes informes.
Ninguna de las instituciones partidarias que participará goza de legitimidad pública; incluso entidades como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) -los únicos dos partidos con gobiernos municipales en la actualidad, además del FSLN- reciben constantes denuncias en las redes sociales digitales sobre su poca transparencia y por el contubernio que mantienen con el Ejecutivo de Ortega.
"La participación pasiva de los partidos colaboracionistas en la Asamblea, con momentos de débil oposición, abstenciones e incluso votos a favor de las iniciativas sandinistas; ha develado su complicidad con la dictadura en el sostenimiento de la fachada democrática que intentan sostener. Otro punto a señalar es la falta de relevo generacional en partidos gobernados por personas que llevan décadas en cargos directivos", explica Urnas Abiertas, lo que también representaría la falta de competencia para el FSLN en este proceso.
Las y los supuestos candidatos opositores no se esforzarán siquiera en hacer campaña. En muchos de los casos no cuentan con al menos una casa partidaria para dirigir sus estrategias, y al igual que en años anteriores, el plan y las propuestas de los postulantes al servicio público tendrá muy poca relevancia.
2. Candidatos del FSLN buscan la eternidad
El FSLN buscará reelegir a 101 alcaldes en las 141 alcaldías que ya controla, según la lista provisional de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales, inscritos para las votaciones del CSE. Buscan otro período consecutivo, varios de ellos a pesar de estar sancionados por la administración de Estados Unidos, tal es el caso de los actuales gobernantes de las cabeceras departamentales de Matagalpa, Estelí y Jinotega. La ciudadanía ha acusado a algunos de esos 101 candidatos por corrupción y varios de ellos fueron cabecillas de las fuerzas paramilitares que el régimen utilizó para reprimir a la ciudadanía desde abril de 2018, según los registros de COYUNTURA.
Sobresale el caso del alcalde de San Carlos -cabecera departamental de Río San Juan-, Jhonny Gutiérrez Novoa, que busca ser edil por un cuarto mandato consecutivo, así como los casos de los alcaldes y las alcaldesas de Somoto, Boaco, Chinandega y Juigalpa, que buscan al menos su segundo período en las administraciones locales.
Reyna Rueda y Enrique Armas son el vivo reflejo de la búsqueda de la eternidad por parte del FSLN. Van por un segundo y tercer período consecutivo como alcaldesa y vicealcalde de Managua, capital nicaragüense con dos millones de habitantes y principal escenario político del país centroamericano.
Desde 2014, tras una reforma a la Constitución Política realizada por la Asamblea Nacional -controlada por el FSLN desde entonces-, la reelección indefinida para la Presidencia y las alcaldías es legal. Solo tres alcaldes del FSLN en el mismo número de cabeceras departamentales no buscarán la reelección en noviembre, aunque solamente en una de esas ciudades el candidato a alcalde del partido de gobierno no pertenece a la administración actual.
3. Sin condiciones ni garantías mínimas
Ni el PLC, ni el ALN, ni la Alianza por la República (APRE), o cualquier otro partido político de los diez habilitados para el sufragio, han denunciado alguna anomalía, aunque el proceso se desarrolla en completo silencio y sin garantías mínimas de transparencia.
A pesar de no haber convocado las elecciones para entonces, y tampoco haber publicado su Plan Anual de Contrataciones, en julio el CSE asignó la impresión de todo su material electoral a la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa). "No se conocen las personas que estarán incluidas en la boleta, porque no se ha completado el proceso de inscripción de candidaturas", explica el observatorio ciudadano Urnas Abiertas sobre esta anomalía, en un informe que detalla como el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene "voluntad política para desarrollar un proceso electoral justo, legítimo, íntegro y transparente".
El proceso de votación de 2021 no contó con observación internacional, y en cambio más de 50 países del mundo no reconocieron los resultados que dieron como ganador a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Los comicios de este año tampoco estarán abiertos al escudriño público. Habrá menos tiempo para la campaña electoral y una vez más solo la prensa oficialista ligada a los medios de la familia dictatorial tendrá acceso al proceso y contará con la debida acreditación del CSE y la protección de la Policía.
4. Poder absoluto para el partido en el Ejecutivo
En la actualidad, solo 12 de las 153 municipalidades de Nicaragua son dirigidas por otros partidos diferentes al FSLN, entidad partidaria coartada por la pareja dictatorial. 11 corresponden al PLC y una al ALN. Durante las primeras horas del mes de julio, el régimen arrebató de forma abrupta las cinco alcaldías que hasta ese momento estaban bajo la administración del extinto partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Para la ciudadanía consultada por COYUNTURA, la probabilidad de que estas 12 alcaldías sean arrebatadas por el FSLN son altas, y de darse, se ratificaría en Nicaragua un sistema de partido único, controlado desde el Poder Ejecutivo.
La mayor cantidad de alcaldías posibles, la Presidencia, Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, el Poder Electoral, Ministerio Público, universidades, hospitales y todo aquello conectado al Estado nicaragüense. Daniel Ortega y su cónyuge lo controlarán todo antes de que finalice el 2022.
5. Entre la violencia política y el terror
Previo a los comicios presidenciales de 2021, Daniel Ortega ordenó la detención de varios aspirantes a la Presidencia y líderes opositores en varias redadas, algunas de ellas nocturnas. Según los hechos y el mensaje unísono de varios Spaces que desarrolla la comunidad nicaragüense en Twitter, "el cuento se repite" previo a los comicios municipales del próximo 06 de noviembre. Las más recientes detenciones fueron las de 11 activistas y familiares de miembros de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), entre el 05 y 18 de septiembre. La saña contra el movimiento político, según sus líderes, se debe a la intención de la dictadura de "callar y destruir" el partido, debilitando sus estructuras departamentales, en medio de la supuesta jornada electoral.
A esas detenciones se suman las de ocho sacerdotes católicos, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, quienes fueron secuestrados y trasladados a Managua el pasado 19 de agosto luego de un allanamiento de noche. Además de ellos, el sistema nicaragüense mantiene en prisión a otros tres religiosos católicos críticos del régimen Ortega-Murillo, acusados de delitos como violación o agresión. A pesar de que el Papa Francisco aseguró que existe un diálogo con la administración sandinista, este 20 de septiembre la Policía Nacional cercó la iglesia San Jerónimo en Masaya, y así como impidió la peregrinación de San Miguel Arcángel el 19 de septiembre, prohibió con mano dura que la figura de San Jerónimo saliera a las calles de la ciudad.
La violencia y amenazas desplegadas contra la iglesia católica, sus parroquias, líderes y los familiares de estos, ha generado el exilio de al menos seis sacerdotes, en medio de cientos de desplazamientos de nicaragüenses hacia Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.
Un asalto violento a la capilla del Niño Jesús de Praga en la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia de la ciudad de Sébaco en Matagalpa; el cierre masivo de una treintena de medios de comunicación en lo que va del año y 79 agresiones a la prensa independiente entre julio y agosto, así como la detención de dos trabajadores de La Prensa; el cierre masivo de más de 1,900 organizaciones no gubernamentales hasta septiembre; y más de 200 rehenes políticos en las celdas del país.
Todos estos hechos se suman a la crisis económica, migratoria, de salud mental y democrática que se vive en Nicaragua. Ninguna de ellas abona al proceso electoral. En cambio, profundizan su vulnerabilidad y son parte de la viva imagen del sistema no funcional que impera en el país, en donde no existe la institucionalidad democrática, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD).
Otras irregularidades y datos del proceso:
Tras la publicación de la lista preliminar de candidatos y candidatas en el Diario Oficial - La Gaceta, muchos ciudadanos denunciaron la usurpación de sus identidades, las cuales fueron utilizadas en los registros de partidos supuestamente opositores.
Varios de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes del FSLN en los municipios donde se le fue confiscada la administración a CxL son los operadores políticos que fueron impuestos por el régimen tras la usurpación violenta.
Más de 450 millones de córdobas recibirán los partidos el próximo año por su participación en el proceso municipal.
Según Brenda Rocha, magistrada presidenta del CSE, "la verificación ciudadana se realizará de forma permanente, y es por ello que no está dentro del calendario electoral".
Se espera que este 22 de septiembre se conozca la lista definitiva de candidatos y candidatas, luego de la depuración del CSE.
La campaña electoral se llevará a cabo del 12 de octubre al 01 de noviembre, el sufragio será el 06 de noviembre, y los resultados se conocerán hasta el día 25 del mismo mes.
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