Le recuerda al régimen Ortega-Murillo que el personal del organismo contaba con medidas provisionales. Denuncia que con las cancelaciones de las oenegés, en Nicaragua se cierran los espacios cívicos y democráticos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política
Managua, Nicaragua
Al momento de la anulación de su personería jurídica, la Comisión Permanente de Derechos (CPDH) gozaba de medidas de protección provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde 2019 para ser exactos, por las amenazas contra su personal.
Lo anterior lo recordó este miércoles 27 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quién en un comunicado rechazó la cancelación de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega. El organismo denunció los cierres acumulados de organizaciones que ya superan 160 y acusó a la dictadura de establecer un "continuo y acelerado cierre de espacio cívico y democrático en el país".
La CIDH le rememora al régimen Ortega-Murillo que la libertad de asociación es un derecho fundamental vinculado a todo sistema democrático.
A la CPDH, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le anuló su personería jurídica junto a otras 24 organizaciones el pasado 20 de abril. 74 votos fueron suficientes para sepultarlas.
"Las personas que integran la CPDH son beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH desde 2019 por las amenazas y otros riesgos a su vida e integridad personal como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos", cita el comunicado.
El último defensor de DD.HH.
Desde las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, el Poder Legislativo de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, ha tramitado 19 solicitudes de cancelación de personerías jurídicas, que han significado el cierre de al menos 160 oenegés, con las que funcionaban instituciones médicas, de educación superior, centros de pensamientos, promotores de la cultura, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
La CPDH era el último organismo local independiente que trabajaba en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Antes, la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) también fueron arrebatadas. "(…) la CPDH operaba formalmente en Nicaragua en la recepción de denuncias y la representación jurídica de decenas de víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de la crisis", destaca la CIDH.
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La organización aprovechó para denunciar el cierre de otras organizaciones como la Fundación Luisa Mercado, presidida por el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez; la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba; y la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI). Sobre este último organismo recordó que "cumplía más de treinta años siendo parte de una decena de otras organizaciones encargadas de la promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en Nicaragua".
"La CIDH recuerda que la libertad de asociación, reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana, es un derecho fundamental vinculado a todo sistema democrático. Este derecho se caracteriza por garantizar que las personas creen y participen en entidades u organizaciones con el objetivo de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines", dijo el organismo en el comunicado.
Cierres discrecionales
El órgano multilateral, que estuvo en Nicaragua para investigar los abusos cometidos por el régimen tras las protestas de abril de 2018, expuso su preocupación porque la Asamblea Nacional que domina el orteguismo ha ejecutado la anulación en serie de las organizaciones civiles basándose en leyes que "le otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de la sociedad civil organizada".
Particularmente, la CIDH advierte que el cierre de las organizaciones, además de coartar completamente la legítima labor de defensa de los derechos humanos que realizan en el país, "tiene graves efectos para la población dejándola expuesta a mayor vulnerabilidad en cuanto a la protección y defensa de sus derechos. Estos hechos, ocurren en un contexto en el que los poderes están alineados con el Ejecutivo, con lo cual no existen límites para el ejercicio del poder ni para impedir arbitrariedades".
Con información de Voces En Libertad
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