A medida que se acerca el viernes 10 de enero de 2025, las tensiones se han incrementado en Caracas. Fuentes cercanas a la oposición aseguran que el despliegue de fuerzas militares y vehículos blindados en la capital forma parte de una estrategia de intimidación, mientras se intensifican las persecuciones políticas y las amenazas
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Caracas, Venezuela
Este domingo 05 de enero de 2025, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intensificó la ya tensa situación política e institucional en el país suramericano al proponer a los diputados solicitar el arresto inmediato de Edmundo González Urrutia, líder opositor, en caso de que regrese al territorio nacional, como ha anunciado en repetidas ocasiones. La declaración de Rodríguez, quien ha sido uno de los operadores políticos más cercanos al presidente Nicolás Maduro, fue un claro mensaje de desafío y alerta, haciendo énfasis en que cualquier extranjero que acompañe a González será tratado como "invasor", en un intento por aislar aún más al líder opositor.
El llamado de Rodríguez a la Asamblea Nacional y la invitación a la colaboración con la Fiscalía General de la República refuerzan la postura oficialista en torno a González Urrutia. Según Rodríguez, la acusación contra el opositor abarca varios delitos graves, entre los que se encuentran la violación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, la usurpación de funciones, la traición a la patria y el lavado de dinero. Para el oficialismo, la figura de González Urrutia es vista como una amenaza que pone en peligro la estabilidad del gobierno de Maduro, especialmente cuando se acerca la fecha del 10 de enero, cuando el mandatario busca asumir un tercer mandato tras unas elecciones que la oposición y medio mundo considera fraudulentas.
Rodríguez, también reiteró la legitimidad de la reelección de Maduro según lo dictado por la Constitución, aludiendo a la proclamación hecha por la Asamblea Nacional, en la que el PSUV sigue ejerciendo un control absoluto, con una composición parlamentaria que ha excluido a los partidos opositores más significativos. De hecho, la composición de la Cámara ratificó a Rodríguez en su cargo y nombró a Pedro Infante y América Pérez como primer y segunda vicepresidente, respectivamente, dos figuras leales al chavismo.
La situación política se complica aún más con la intensificación de las acciones legales en contra de González Urrutia. La fiscalía, bajo el liderazgo de Diosdado Cabello, ha ofrecido una recompensa de 100,000 dólares por la captura del opositor, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), ha desplegado operativos para capturarlo, con la orden explícita de que será encarcelado si pisa territorio venezolano. La propaganda oficialista, que lo presenta como un criminal perseguido, ha convertido a González Urrutia en un objetivo político y judicial de alto perfil.
Por otro lado, en un contexto de creciente represión, María Corina Machado, una de las voces más prominentes de la oposición, ha continuado su discurso desde la clandestinidad, apelando al pueblo venezolano para que se mantenga alerta ante lo que considera un momento clave para la democracia en Venezuela. Machado, quien ha convocado una protesta para el 10 de enero, fecha en que el régimen de Maduro planea oficializar su tercer mandato, ha insistido en que el regreso de González Urrutia marcaría el comienzo del fin para el gobierno chavista. Para ella, la entrada de González Urrutia a Venezuela representaría un debilitamiento del régimen y una victoria moral para la oposición.
La estrategia de González Urrutia, quien se encuentra actualmente en una gira por América Latina, tiene como objetivo presionar al gobierno venezolano a través de la diplomacia y la visibilidad internacional. Tras ser recibido en Buenos Aires por el presidente argentino, Javier Milei, González Urrutia se dirigió a Montevideo y está previsto que continúe su gira con paradas en Panamá y la República Dominicana. Su itinerario también incluye una visita a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), donde se reunirá con el presidente Joseph Biden.
Desde su exilio en España, González Urrutia ha mantenido su discurso de que ganó las elecciones de julio de 2024, basándose en las actas oficiales de los comicios, las cuales, según sus colaboradores, muestran una victoria contundente sobre Maduro.
A medida que se acerca el 10 de enero, las tensiones se han incrementado en Caracas. Fuentes cercanas a la oposición aseguran que el despliegue de fuerzas militares y vehículos blindados en la capital forma parte de una estrategia de intimidación, mientras se intensifican las persecuciones políticas y las amenazas. La respuesta de González Urrutia a las medidas de presión del régimen ha sido clara: su regreso a Venezuela es inminente, y lo hará por todos los medios posibles, reafirmando su determinación de asumir el cargo que considera le corresponde, según los resultados de las elecciones de julio.
La reacción oficialista ante este escenario es igualmente tajante. Cabello, en su papel como ministro del Interior y hombre fuerte dentro del chavismo, ha reiterado en varias ocasiones que, de llegar González Urrutia a Venezuela, será inmediatamente arrestado y procesado. Las autoridades venezolanas han dejado claro que no hay lugar para la negociación, y las amenazas se han convertido en una herramienta de control.
La situación es un reflejo de la polarización extrema que atraviesa Venezuela, donde las voces opositoras se enfrentan a una represiva maquinaria estatal dispuesta a todo para preservar su poder. La batalla política no solo se librará en las calles, sino también en el ámbito internacional, donde los movimientos de González Urrutia y los apoyos que pueda recibir de gobiernos extranjeros podrían jugar un papel crucial en el futuro de Venezuela. A medida que la fecha clave se acerca, el país se encuentra ante una encrucijada que podría definir su rumbo político en los próximos años.
Este escenario de confrontación política y social no solo afecta a la élite gobernante y la oposición, sino también a la ciudadanía venezolana, que sigue atrapada en una crisis humanitaria sin precedentes. La incertidumbre, la represión y la falta de un horizonte claro mantienen a los venezolanos en una situación de angustia, mientras el conflicto por el poder sigue desgarrando a una nación que aún busca encontrar la paz y la democracia.
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