Comunidades indígenas y ambientalistas en Nicaragua se encuentran en alerta tras la aprobación de dos concesiones mineras otorgadas a una empresa china para la explotación en un área protegida en el territorio indígena de la Costa Caribe Norte. Líderes comunitarios denuncian la contradicción entre la declaración del cerro como "Parque Ecológico Municipal" y su concesión para la explotación minera, temiendo el impacto devastador en el suministro de agua y la biodiversidad de la región.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En la región de Puerto Cabezas, territorio indígena de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, se encuentra el emblemático "Cerro Miramar". Esta zona ha sido declarada como "Parque Ecológico Municipal" y forma parte del corredor biológico y conservación de áreas protegidas que aseguran la dispersión de plantas y la migración de especies de fauna en dicho territorio. Sin embargo, la reciente aprobación de dos concesiones mineras para la empresa china Zhong Fu Development S.A. ha desatado la preocupación y la indignación de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios misquitos.
La aprobación de estas concesiones mineras profundiza el descontento entre las comunidades indígenas, quienes temen que la explotación del oro en esta área protegida ponga en riesgo su supervivencia. El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), tiene el deber de proteger y conservar los recursos naturales existentes en el territorio nacional, según establece la resolución ministerial Nº 06-2020.
Esta misma resolución reconoce que el Cerro Miramar, ubicado en la comunidad de Sahsa, Territorio Tasba Pri, es un área de gran valor estratégico y manejo sostenible de los recursos naturales, que proporciona servicios ambientales cruciales para las comunidades locales.
Sin embargo, las acciones de la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo parecen estar en contradicción con su discurso ambientalista, ya que ha otorgado concesiones mineras en un área protegida, como en ocasiones anteriores. Esto, por poco, genera contradicciones sobre las verdaderas intenciones del régimen Ortega-Murillo, y sobre su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades indígenas de todo el territorio.
Los líderes comunitarios y ambientalistas han denunciado, a través de organizaciones como Fundación del Río, que este hecho es una muestra del "sistema neocolonial" impuesto contra los pueblos indígenas y étnicos del Caribe y de las zonas protegidas del país. Consideran que esta acción amenaza directamente su existencia y representa una explotación despiadada de los recursos naturales de la región.
Una de las mayores preocupaciones de las comunidades es el impacto que la explotación minera pueda tener en el suministro de agua, ya que el Cerro Miramar es la principal fuente de abastecimiento para varias comunidades locales. La destrucción de este recurso hídrico podría tener consecuencias devastadoras para la vida cotidiana de sus habitantes.
Las comunidades de la región tienen una larga historia de lucha y conservación del Cerro Miramar. Desde su creación en los años 80, han considerado este cerro como la fuente de vida más importante para la producción de agua potable. En el año 2004, iniciaron una solicitud para que el cerro fuera declarado patrimonio comunal, y finalmente, en 2020, lograron que fuera elevado a zona de protección mediante la declaración de Parque Ecológico Municipal por el Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Norte.
Además de las comunidades indígenas, en el proyecto de conservación del Cerro Miramar también participaron instituciones como el MARENA, el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y la Universidad Huracán. Se implementaron estrategias de manejo forestal y reforestación, con el objetivo de conservar las más de nueve mil hectáreas de bosque tropical húmedo que rodean al cerro, con el fin de garantizar la protección del recurso hídrico.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las comunidades se enfrentan a la amenaza constante de colonos y paramilitares, quienes han echo avanzar la frontera agrícola en esta zona, apoderándose del territorio, arrebatándoles a su vez a las comunidades su derecho ancestral a la propiedad y a trabajar la tierra.
La concesión minera a la empresa china representa una nueva y grave amenaza para las comunidades indígenas y la biodiversidad de la zona. La explotación del oro podría tener consecuencias irreversibles para el ecosistema y la vida de los habitantes de la región, que ya han sufrido masacres y desplazamientos forzados durante los últimos años, por defender sus tierras.
El Cerro Miramar representa una lucha constante entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos que la administración sandinista protege. La aprobación de concesiones mineras en esta área protegida ha desatado la indignación de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios misquitos, quienes consideran que esta decisión amenaza la supervivencia de las comunidades indígenas y la biodiversidad de la región.
Es imperativo que se tomen medidas urgentes para proteger y conservar este valioso recurso natural y garantizar el bienestar de las comunidades que dependen de sus laderas. La lucha por el Cerro Miramar es la lucha misma por la vida de quienes habitan esta tierra ancestral, más allá de solo los humanos.
Suscríbase aquí a El Boletín de COYUNTURA y reciba las noticias de la actualidad de Nicaragua, Centroamérica y el mundo.
Comentarios