Pese a los logros proclamados, el decreto legislativo reconoce que "el fenómeno criminal persiste en el país". Las autoridades han identificado un cambio en las estrategias de las pandillas, que ahora recurren a herramientas tecnológicas para mantener sus operaciones
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este domingo 05 de enero de 2025 la trigésima cuarta ampliación del régimen de excepción, medida vigente desde marzo de 2022 y que ha redefinido la estrategia de seguridad en el país. Con 57 votos a favor de los 60 diputados presentes, la prórroga extiende por otros 30 días la suspensión de derechos constitucionales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención administrativa de tres días.
El régimen fue instaurado tras un fin de semana sangriento en marzo de 2022, cuando el asesinato de casi 80 personas desencadenó una respuesta estatal contundente. Desde entonces, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha posicionado esta medida como el eje central de su estrategia de seguridad, respaldada por el Plan Control Territorial. Las autoridades afirman que el régimen ha desarticulado a las principales estructuras pandilleriles, permitiendo la captura de más de 84,000 presuntos miembros de pandillas y la incautación de armas, dinero y vehículos utilizados en actividades delictivas.
"Hoy El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental", aseguró Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, durante la discusión legislativa del domingo. Según cifras oficiales, 669 de los 800 días sin homicidios reportados bajo la administración Bukele han ocurrido en el contexto del régimen de excepción.
Pese a los logros proclamados, el decreto legislativo reconoce que "el fenómeno criminal persiste en el país". Las autoridades han identificado un cambio en las estrategias de las pandillas, que ahora recurren a herramientas tecnológicas para mantener sus operaciones. Este ajuste, según el documento presentado el fin de semana pasado, justifica la necesidad de continuar con la medida excepcional.
No obstante, el régimen de excepción también ha generado severas críticas por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Según un informe publicado en 2024 por entidades como Cristosal, FESPAD y el IDHUCA, se han registrado más de 6,400 denuncias de violaciones de derechos humanos. Las principales quejas incluyen detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, tratos crueles e inhumanos y torturas. El informe también documenta 340 muertes bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia. Estos hechos han provocado denuncias contra la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, señaladas como responsables de la mayoría de los abusos.
La mayoría de las víctimas de estas violaciones son jóvenes entre 19 y 30 años, aunque también se reportan casos que involucran a menores de edad y personas de comunidades vulnerables, incluidas 25 denuncias de discriminación contra personas LGBTIQ+. Las familias de los detenidos, muchas veces incomunicados y sin un proceso judicial claro, enfrentan una doble carga: la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos y la lucha por obtener justicia.
Grupos como Socorro Jurídico Humanitario han documentado la formación de redes de apoyo entre los familiares de las víctimas. Estas redes se han convertido en una de las voces más críticas del régimen, organizando protestas y llamando la atención de la comunidad internacional sobre la situación.
El régimen de excepción ha polarizado a la sociedad salvadoreña. Mientras sectores oficialistas destacan la disminución de la violencia y la percepción de seguridad, grupos opositores y defensores de derechos humanos cuestionan la sostenibilidad y las consecuencias a largo plazo de esta política.
La reelección inmediata de Nayib Bukele, aprobada pese a su aparente inconstitucionalidad, también se vincula a los logros atribuidos al régimen de excepción, consolidando su figura como un líder popular pero también controvertido.
A medida que El Salvador entra en 2025, la extensión indefinida del régimen subraya una vez más las preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, y transparencia. Las autoridades insisten en que no descansarán hasta erradicar por completo a las pandillas, pero las denuncias de abusos y el impacto en las comunidades vulnerables subrayan la necesidad de medidas complementarias que prioricen el respeto por el estado de derecho.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan su lucha por justicia, recordando que la seguridad no debe alcanzarse a costa de las garantías fundamentales. En este complejo panorama, el régimen de excepción sigue siendo tanto un símbolo de éxito en seguridad como un recordatorio de los riesgos de sacrificar derechos humanos en pos de la estabilidad.
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