La política de liberación masiva de reos en Nicaragua, bajo el régimen de convivencia familiar, ha cobrado un costo humano tangible, pero sin cifras oficiales. Aunque la administración sandinista sostiene que se trata de una política de reconciliación y humanidad, múltiples casos de reincidencia delictiva y violencia extrema cuestionan la efectividad y seguridad de esta iniciativa.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La política de convivencia familiar aplicada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha resultado en la liberación de casi 51,000 reos comunes en la última década. Si bien la medida, promovida como "humanitaria" y en favor de la "reconciliación", ha facilitado la salida de miles de personas del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), también ha desatado una serie de incidentes de reincidencia delictiva, generando un profundo cuestionamiento entre la ciudadanía y los expertos en derechos humanos sobre su efectividad y consecuencias para la seguridad pública, en medio de una nueva ola de crímenes y violencia ciudadana que se profundiza.
En 2024, el número de excarcelaciones ha alcanzado los 7,700, un incremento con respecto a 2023 y años anteriores, y la cifra más alta desde el año 2020 -cuando fueron liberados casi 9,000 prisioneros comunes-, destacando una tendencia creciente desde la profundización de este mecanismo entre 2010 y 2014. Estas liberaciones han traído consigo casos notables de violencia y crimen en manos de liberados que reincidieron, generando un ambiente de desconfianza y temor en las comunidades nicaragüenses.
El testimonio de "Juan", residente de un barrio en Managua, ilustra el peligro latente. Juan relató que hace pocos meses, uno de sus vecinos, de iniciales P.L.C., fue asesinado brutalmente por un hombre que había sido liberado bajo el régimen de convivencia familiar. "Lo que hizo fue aterrador", comentó Juan a COYUNTURA, quien explicó que el hombre había salido tras cumplir una condena por robo agravado, pero al poco tiempo de su regreso al barrio, se tornó más agresivo. "Empezó a hostigar a la gente, intimidando a las familias y exigiendo dinero. Finalmente, una noche, apuñaló, cuando éste otro sujeto se negó a darle efectivo". Las autoridades locales, según él, no han tomado cartas en el asunto y la comunidad vive en constante zozobra.