Este miércoles, Marta Esquivel y los otros siete imputados, entre ellos exdirectivos y miembros actuales de la Junta Directiva de la CCSS, comparecieron en una audiencia en los Tribunales de Justicia de Goicoechea. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ha solicitado varias medidas cautelares para todos los acusados, incluyendo la suspensión de sus cargos, la prohibición de salir del país, el depósito de sus pasaportes y la firma mensual en las oficinas del Ministerio Público.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra en el centro de una controversia significativa tras el descubrimiento de un presunto esquema de sobreprecio en la adjudicación de contratos para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis). Este escándalo, conocido como el "caso Barrenador", ha llevado a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y a otros siete funcionarios a comparecer ante los tribunales de justicia en Goicoechea para determinar la imposición de medidas cautelares en su contra. El lunes 23 de septiembre de 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público realizaron 28 allanamientos en diversas ubicaciones, incluido el hogar de Esquivel en el condominio Urbn Escalante. Aunque la presidenta no estaba presente en el momento del operativo, se entregó poco después en la delegación del OIJ en Pérez Zeledón. La investigación se centra en la presunta comisión de delitos relacionados con la influencia contra Hacienda Pública y el tráfico de influencias, que, de ser confirmados, podrían acarrear severas repercusiones legales para los implicados.
Durante la audiencia, que comenzó a las 08:30 a.m. de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024, el Ministerio Público solicitó diversas medidas cautelares para los imputados, que incluyen el impedimento de salida del país centroamericano, el depósito de pasaportes, y la obligación de firmar mensualmente en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Además, se busca prohibir a los imputados el contacto con 11 testigos del proceso y la suspensión de sus funciones en la CCSS durante la duración de la investigación. La respuesta de los abogados defensores ha sido vehemente, argumentando que no existen fundamentos suficientes para la imposición de dichas medidas. Federico Morales, defensor de Jorge Araya, uno de los implicados, señaló que no hay pruebas que sustenten una probable responsabilidad penal, mientras que el abogado de Roberto Quirós, otro imputado, destacó que no se ha demostrado la comisión de delitos, enfatizando que la Contraloría no ha determinado la ilegalidad de las decisiones tomadas.
El contexto del caso Barrenador es particularmente complejo, pues se alega que las adjudicaciones a cooperativas para la gestión de los Ebáis implican un sobrecosto anual de hasta ¢12.400 millones. Estas contrataciones, según se informa, fueron aprobadas por la Junta Directiva de la CCSS en julio de 2024, a pesar de que informes internos indicaban que los pagos a dichas cooperativas en los últimos años eran excesivos. El auditor de la CCSS, Ólger Sánchez, fue quien alertó sobre el sobreprecio, lo que desencadenó la intervención del OIJ y la Fiscalía. Los imputados, que incluyen a directivos actuales y exdirectivos de la CCSS, fueron liberados la noche del martes tras su arresto, debido a que la FAPTA no solicitó medidas de prisión preventiva. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y la incertidumbre sobre el futuro de Esquivel y los demás involucrados genera una preocupación palpable en el ámbito político y social.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha expresado su apoyo a Esquivel, denunciando este miércoles lo que considera la politización de la Fiscalía, acusando al organismo de abusar de su poder. En declaraciones a la prensa, Chaves calificó los arrestos como un "show" destinado a intimidar a funcionarios de su administración, afirmando que el contrato en cuestión está pendiente de apelación ante la Contraloría y que no se ha desembolsado ninguna cantidad de dinero en relación con las adjudicaciones investigadas.
Las alegaciones de corrupción y el manejo cuestionable de fondos públicos han suscitado otro intenso debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones estatales. A medida que el caso avanza, se espera que las investigaciones revelen más detalles sobre el proceso de adjudicación de contratos y la posible implicación de los directivos de la CCSS en prácticas corruptas. El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para las y los implicados, sino también para la confianza pública en la CCSS y el sistema de salud costarricense. Con la audiencia aún en curso, al cierre de este texto, el país y la región permanecen a la expectativa, mientras los ciudadanos claman por respuestas y una investigación exhaustiva que arroje luz sobre este escabroso episodio. La CCSS, que históricamente ha sido vista como un pilar de la atención médica en Costa Rica, ahora enfrenta un desafío de legitimidad que podría afectar su operatividad y la percepción pública de su gestión.
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