El Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que acompaña legalmente a las cooperativas campesinas, ha denunciado la "incapacidad gubernamental" de enfrentar la crisis, que, según la organización, raya en la complicidad.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Colón, Honduras
La crisis en el Bajo Aguán, una región de Honduras con un largo historial de conflictos agrarios, ha alcanzado un punto alarmante este mes. Las recientes amenazas de muerte contra el líder campesino Santos Roberto Pérez, presidente de la Cooperativa Tranvío, han vuelto a encender las alarmas sobre la impunidad y la falta de acción gubernamental frente a la violencia sistemática en la zona. Durante su participación en el foro "Emergencia en el Aguán", organizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) el jueves 06 de febrero de 2025, Pérez denunció que su vida estaba en peligro y responsabilizó a "Los Cachos", un grupo criminal que opera en la región. "Me lo reiteraron, que no pasa de esta semana quitarme la vida", afirmó en una intervención que, lejos de ser una advertencia aislada, refleja el patrón de amenazas y asesinatos selectivos contra líderes campesinos.
El Bajo Aguán, a más de 350 kilómetros de Tegucigalpa, ha sido históricamente un epicentro de disputas por la tenencia de la tierra, en las que comunidades campesinas organizadas han exigido el derecho a tierras que consideran propias por la reforma agraria. Sin embargo, esta lucha se ha visto marcada por la violencia, el desplazamiento forzado y la criminalización de sus dirigentes.
Las cooperativas campesinas de la zona han señalado reiteradamente a "Los Cachos" como responsables de asesinatos, agresiones y amenazas. A pesar de múltiples denuncias, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público (MP) han sido señalados por su inacción, permitiendo que la violencia continúe con total impunidad. "Solo mandan a los antimotines para desmovilizar a los ciudadanos que exigen protección y acciones institucionales", comentó bajo anonimato una habitante de la zona en conflicto.
El Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que brinda acompañamiento legal a las cooperativas, ha denunciado que la falta de intervención del gobierno de la presidenta Xiomara Castro equivale por mucho a complicidad, dado que el grupo armado fue denunciado desde el año 2022 sin que se haya tomado ninguna medida efectiva.
Antecedentes mortales y un acuerdo incumplido
Las amenazas contra Santos Pérez evocan casos recientes como el de José Luis Hernández Lobo y su esposa Suyapa Guillen, ambos socios de la empresa asociativa de campesinos Gregorio Chávez. La pareja fue asesinada el 31 de diciembre de 2024 en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón. Hernández Lobo ya había sobrevivido a un intento de asesinato en 2019, pero las medidas de protección otorgadas no evitaron su muerte.
El panorama actual en el Aguán es desolador. Según la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), desde finales de 2024 hasta la fecha se han registrado al menos dos asesinatos violentos, el desplazamiento forzado de unas 150 familias y múltiples actos de intimidación contra líderes comunitarios y habitantes en general.
El 27 de enero de 2025, nuevos hechos de violencia dejaron a varias personas heridas y al menos un ciudadano fue tomada como rehén y golpeado. A esto se suman campañas de desprestigio contra los movimientos campesinos en las redes sociales digitales y en medios de comunicación, que buscan debilitar la lucha social y medioambiental, y legitimar el despojo de tierras.
En 2022, la administración de Castro firmó un convenio con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), comprometiéndose a resolver el conflicto de tierras con un enfoque de derechos humanos. Entre sus disposiciones clave se establecía la conformación de una Comisión Tripartita, integrada por el gobierno, organismos internacionales y representantes campesinos, para investigar violaciones a los derechos humanos y proponer medidas de reparación. No obstante, a casi tres años de su firma, la comisión sigue sin conformarse formalmente y los compromisos adquiridos siguen sin cumplirse. Mientras tanto, la violencia sigue escalando y las comunidades campesinas continúan siendo blanco de ataques sistemáticos.
Medidas tardías e insuficientes
Tras el incremento de la violencia y la presión de más de 65 organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno finalmente anunció algunas medidas.
El martes 07 de enero de 2025, la Secretaría de Seguridad, a cargo del exdirector general de la Policía hondureña, Gustavo Sanchez Velasquez, desplegó 500 oficiales en el Bajo Aguán con el objetivo de reforzar la seguridad en Colón. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por organizaciones campesinas, activistas y defensoras de derechos humanos, que señalan que no es la primera vez que el Estado responde con operativos sin abordar el problema de fondo: la impunidad y los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales que operan en la región.
La intervención estatal debe diferenciar entre quienes defienden su derecho a la tierra y los grupos criminales que siembran el terror, con la intención de desplazar y despojar. Para ello, es urgente que se active la Comisión Tripartita y se implementen medidas de protección efectivas para las y los líderes campesinos, tal como lo establecen los acuerdos de 2022 y la medida cautelar 50-14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese sentido, el Bajo Aguán sigue siendo viviendo un escenario de violencia estructural en el que las vidas de campesinos y defensores de derechos humanos penden de un hilo. La falta de acciones concretas por parte del gobierno de Xiomara Castro ha permitido que la crisis se profundice, poniendo en evidencia la debilidad del Estado para garantizar seguridad y justicia, lejos de las grandes urbes.
Santos Pérez ha hecho pública la amenaza contra su vida. Su testimonio es una advertencia que no puede ser ignorada. Si el Estado no actúa de manera inmediata y efectiva, el Bajo Aguán seguirá siendo una tierra de impunidad y muerte, donde la lucha por la tierra se paga con sangre.
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