Los desalojos comenzaron en el monasterio "Hermanas Clarisas Franciscanas" en Managua, seguidos por el edificio "Sagrados Corazones de Jesús y de María" en Chinandega y el Convento Santa Clara "Las Clarisas" en Ciudad Darío, Matagalpa.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La noche del martes 28 de enero de 2025, más de 30 monjas de la Orden de Santa Clara, conocidas como Clarisas, fueron expulsadas de Nicaragua por orden directa del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, sin una orden judicial o el respeto obligatorio ante un grupo de mujeres -ancianas, en su mayoría- religiosas. Según fuentes eclesiásticas consultadas por el equipo de COYUNTURA y medios de comunicación locales, las religiosas fueron desalojadas abruptamente de sus monasterios ubicados en Managua, Matagalpa y Chinandega, en un hecho que profundiza y evidencia otra vez la persecución contra la iglesia católica y la libertad de culto en el país centroamericano.
De acuerdo con la investigadora y abogada en el exilio, Martha Patricia Molina, las monjas Clarisas solo pudieron llevar consigo lo que lograron cargar en sus manos, sin posibilidad de rescatar el patrimonio de sus comunidades. La mayoría de las religiosas son nicaragüenses y, hasta el momento, se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación dentro de la comunidad católica y organismos de derechos humanos. Representa sin duda otro grupo de connacionales desplazadas fuera de su territorio. Apátridas de facto.
Los desalojos comenzaron en el monasterio "Hermanas Clarisas Franciscanas" en Managua, seguidos por el edificio "Sagrados Corazones de Jesús y de María" en Chinandega y el Convento Santa Clara "Las Clarisas" en Ciudad Darío, Matagalpa. Testigos informaron que durante la noche se observaron movimientos inusuales alrededor de estas instalaciones, lo que indicó solo minutos antes la inminente expulsión. "Las comunidades juegan un papel importante acá, pero no tienen ni la fuerza simbólica o el apoyo institucional para defender a sus pastoras, a sus cuidadoras", comentó "Nelly", trabajadora social desterrada, a quien llamamos así por su seguridad.
En videos compartidos en las redes sociales digitales, se evidencia la presencia de camiones que ingresaron a los monasterios para retirar objetos y mobiliario. La confiscación de bienes religiosos, empresariales, universitarios y diplomáticos es una práctica recurrente bajo la administración Ortega-Murillo, que en los últimos años ha intensificado la limitación de las libertades de culto, expresión y prensa, cerrando ya casi 4,000 oenegés, unas 50 iglesias y más de 100 proyectos humanitarios.
La expulsión de las Clarisas es solo un capítulo más en la escalada de persecución contra la iglesia católica en el país. Desde 2018, cuando estallaron las protestas contra la administración sandinista, el régimen ha visto a sacerdotes y monjas como enemigos del Estado y la "paz" en la narrativa oficialista, acusándoles de respaldar las manifestaciones ciudadanas y de conspirar en su contra.
Según el informe "Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?" de Martha Patricia Molina, al menos 14 congregaciones religiosas han sido parcial o totalmente expulsadas de Nicaragua. Sin embargo, solo siete de ellas han sido identificadas públicamente, ya que otras permanecen en el anonimato por seguridad. Además, el régimen ha cancelado la personería jurídica de 1,323 organizaciones religiosas y de caridad desde el año 2022, afectando severamente la labor social y espiritual de las iglesias en todo el territorio.
Horas antes de la expulsión de las monjas Clarisas, se reportó el saqueo de la residencia episcopal de Matagalpa. Testigos relataron que individuos vestidos de civil, presuntamente agentes del régimen, ingresaron a la propiedad para retirar muebles, objetos religiosos y documentos. Un camión con placas M408763 (de la capital) fue visto transportando los bienes confiscados, cuyo destino sigue siendo desconocido. Días después, todo el edificio fue pintado de blanco.
Desde agosto de 2022, la residencia episcopal había permanecido bajo control policial tras la detención de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y Estelí, quien fue condenado a 26 años de prisión en febrero de 2023 por "traición a la Patria". Su arresto marcó un punto de inflexión en la persecución religiosa en Nicaragua y en la historia reciente de Centroamérica, con la detención y exilio de numerosos sacerdotes y religiosos.
Diversos sectores han condenado la expulsión de las monjas Clarisas y el continuo asedio al catolicismo en Nicaragua. Organismos de derechos humanos han denunciado la situación ante instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigiendo que se garantice la seguridad de las religiosas y que el régimen cese su hostigamiento contra la comunidad católica.
El sacerdote exiliado Edwing Román se pronunció al respecto, asegurando que la persecución responde al supuesto "temor" sandinista hacia la iglesia. "Estamos siendo testigos del pataleo de una dictadura que ve en la fe una amenaza. No somos oposición política, estamos con el pueblo y su sufrimiento", afirmó Román.
La escalada represiva contra el catolicismo también ha incluido restricciones a las celebraciones religiosas. Sacerdotes han denunciado que agentes policiales los intimidan para que las misas sean breves y que eviten pronunciarse sobre la situación del país. Además, numerosas actividades religiosas fuera de los templos han sido prohibidas por la Policía.
La expulsión de las monjas Clarisas es un reflejo de la hostilidad creciente y cruda. La confiscación de sus bienes, el exilio forzado de religiosos y la criminalización de la fe evidencian la radicalización de un sistema fallido en su afán por silenciar cualquier voz crítica. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, mientras la iglesia y los ciudadanos nicaragüenses enfrentan uno de los periodos más oscuros de su historia reciente.
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