Desde 2018, año en el que estalló la actual crisis de derechos humanos registrada en el país, esta es la segunda ocasión que un grupo de personas intenta ingresar a territorio nicaragüense desde Costa Rica de forma masiva. Su cometido no se logró, pero aseguran que lo volverán a intentar.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Peñas Blancas, Costa Rica
Salió a las tres de la mañana desde la emblemática Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército en San José, Costa Rica, sin saber que a su llegada al lado nicaragüense de la frontera un despliegue policial y militar esperaba su llegada. Sin embargo, la caravana de este viernes 08 de julio, encabezada por activistas, militantes y parlamentarios de los movimientos de izquierda de Latinoamérica, insiste en que las "bravuconadas" del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no impedirán la denuncia internacional de sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
La apuesta del grupo, autodenominado "socialista", era ingresar a Nicaragua para constatar la situación de las presas y presos políticos en diversos centros de detención, pero lo más cerca que estuvieron del territorio nicaragüense fue el puesto fronterizo costarricense, en donde las autoridades les advirtieron de la presencia de un contingente fuertemente armado.
- "No creo que los dejen pasar. Es absurdo que lo intenten".
Era de esperarse, teniendo en cuenta los patrones de destierro y los vetos impuestos en los últimos años, incluso a ciudadanos nicaragüenses. No obstante, sienta un precedente inédito, encabezado por algunos de los representantes actuales de la izquierda en Latinoamérica, aquella ideología que Ortega y su esposa profesan, pero de la que en realidad están muy alejados.
"Lo queremos denunciar a nivel internacional. Esto lo que hace es confirmar lo que estamos diciendo, que estamos ante una dictadura. Si no tienen nada que ocultar nos pueden dejar pasar", sentenció la diputada argentina Luciana Echevarría, miembro de la comitiva, desde el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
"Ortega ha traicionado el legado de la revolución sandinista. Ha traicionado el legado de Sandino. Ha traicionado a miles de personas de la izquierda latinoamericano que fueron a Nicaragua en 1989 a luchar contra la dictadura de Somoza", denunció el movimiento en una rueda de prensa, horas antes de emprender su viaje, el cual tenía como primer destino Managua, pero solo registró 300 kilómetros de su ruta, desde San José hasta Peñas Blancas.
Esta fue la primera iniciativa de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las y los Presos Políticos en Nicaragua, un movimiento internacional permanente que incentiva a más representantes y organismos a sumarse a su espacio "libre del imperialismo".
Un muro militar para una iniciativa de izquierda
De acuerdo al relato de la comisión, que estuvo en el puesto fronterizo manejado por Costa Rica por poco más de una hora, Migración y la Policía costarricense mostraron preocupación por su seguridad. "Hay temor en las autoridades de Costa Rica de lo que puede suceder en estos escasos metros que nos separan", explicó Echevarría, e indicó que las autoridades nicaragüenses no resguardarían la integridad de los parlamentarios y activistas internacionales.
Denunciaron la militarización del puesto fronterizo en Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica. "Han montado un operativo descomunal con más de 300 militares, lo cual es un gesto completamente intimidatorio", agregó Echevarría.
Según la información recopilada por el grupo que integró la caravana, acuerpada por nicaragüenses durante todo el viaje en carretera, en el transcurso de las horas anteriores a su llegada, incluso del jueves 07 de julio, en la zona fronteriza se realizó un despliegue militar, policial y paramilitar inusual. "No se veía desde hace tiempo", explicó el colectivo internacional.
"La Policía Migratoria (de Costa Rica) nos informó de que el mensaje oficial de las autoridades de Nicaragua es que la comisión internacional no solamente tiene prohibido el ingreso al país, sino que, además, hay un mega operativo, policial y militar, con francotiradores apostados en la frontera", denunció Mariano Rosa, miembro de la comisión.
"Un verdadero Gobierno de izquierda no encarcela, no expulsa, no criminaliza, no usa las armas", condenó el colectivo de líderes de la izquierda.
Una iniciativa acuerpada por la diáspora
Las solicitudes previas para ingresar al territorio nicaragüense no funcionaron, pero el llamado a apoyar a la comisión y su viaje fue contestado de manera positiva. A las 10:40 a.m., estando ya a unos 30 kilómetros de la frontera, la comisión realizó un mitin, en donde exigieron la libertad de cada una de las personas detenidas en Nicaragua por razones políticas.
El Movimiento Campesino, la diáspora nicaragüense, un grupo de periodistas independientes y organizaciones en el exilio se sumaron al grito, y a la alegría de un intento por hacer algo.
"¡Libertad!", gritaban, luego de leer los nombres de las más de 180 personas detenidas por el régimen Ortega-Murillo desde 2018.
A pesar del esfuerzo, ni la izquierda socialista de Latinoamérica logró romper el blindaje fronterizo de Nicaragua, considerada una cárcel por diversos sectores, grupos opositores y organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
Sin embargo, muchos celebraron la determinación del grupo, que a partir de ahora continúa con su labor en pro de la liberación de los rehenes de conciencia en Nicaragua. "Los derechos humanos no tienen ideología. No deben ser considerados ni de izquierda ni de derecha. Son universales. Celebro la iniciativa de la caravana desde Costa Rica a Nicaragua de un grupo diverso. Lamento la prohibición de paso. Se confirma el régimen dictatorial de Ortega", dijo Paula Bertol, exrepresentante de Argentina en la OEA.
Esta sería la segunda comisión internacional que es vetada del territorio nicaragüense. En junio de este año, la pareja dictatorial rechazó cualquier comunicación o trabajo territorial con la Comisión de Expertos Independientes creada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua entre 2018 y 2022.
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