A través de su cuenta en X (antes Twitter), Redondo manifestó estar dispuesto a colaborar con las autoridades y respaldó las investigaciones. "Debemos erradicar la corrupción de raíz", expresó, subrayando que desde 2022 denunció irregularidades atribuidas a administraciones pasadas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La tarde de hoy, jueves 28 de noviembre de 2024, René Adán Tomé, asesor cercano al presidente del Congreso Legislativo de Honduras, Luis Redondo, fue detenido por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de una operación que aborda el caso de las subvenciones otorgadas a las y los diputados, según información verificada por este medio. La detención se produjo en el contexto de una investigación que busca esclarecer posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos, específicamente aquellos relacionados con las ayudas económicas a congresistas. Junto a Tomé, fueron arrestados tres individuos adicionales, entre los que se encuentran dos miembros de la seguridad del Congreso Nacional, quienes, al parecer, intentaron impedir la captura del asesor, quien a su vez intentó obstruir la labor del Ministerio Público (MP). Aunque sus identidades aún no han sido reveladas, la intervención de la ATIC resalta las crecientes tensiones en torno a la transparencia dentro del Poder Legislativo.
Este operativo se produce pocas horas después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ordenara el decomiso de documentos en las instalaciones del Congreso. Los documentos incautados estarían vinculados a presuntos actos de corrupción relacionados con las subvenciones y el uso de recursos públicos destinados a las y los legisladores. Zelaya enfatizó que "la inmunidad no es impunidad" y subrayó que el Ministerio Público se encargará de proporcionar respuestas a la ciudadanía sobre estos señalamientos.
Las subvenciones que otorga hasta la fecha Luis Redondo, presidente del directorio legislativo, han sido objeto de controversia, ya que muchos consideran que se asemejan al controversial "Fondo Departamental", derogado en la actual administración. Esta partida, utilizada en legislaturas anteriores, permitía a los diputados disponer de fondos sin la obligación de justificar su uso, lo que generó duras críticas por presuntos actos de corrupción, relacionados incluso a parlamentarios del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Redondo, quien se encuentra fuera del país participando en la Reunión Extraordinaria del Foro Parlamentario de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, expresó a través de sus redes sociales su disposición a colaborar con el MP. Reiteró su compromiso en erradicar la corrupción y valoró las investigaciones del fiscal Zelaya, especialmente en relación con los posibles vínculos entre congresistas y actos ilícitos de corrupción. Sin embargo, la ahora diputada liberal Beatriz Valle también se pronunció sobre el tema, exigiendo que las investigaciones incluyan no solo a los actuales responsables, sino a los presidentes del Congreso en años anteriores. Valle señaló que, aunque apoya las investigaciones, advirtió sobre el riesgo de que la justicia se vea influenciada por factores políticos, poniendo en duda la imparcialidad del proceso.
Fotografías de El Heraldo:
Valle también criticó el uso de las subvenciones, indicando que algunos diputados habrían recibido hasta seis millones de lempiras al año. La diputada acusó a Redondo de entregar estos fondos como una táctica político-ideológica para ganarse la lealtad de las y los legisladores.
¿Legalidad en la entrega de subvenciones?
El presidente del Congreso ha defendido su decisión de otorgar las subvenciones, argumentando que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo le otorgan las facultades para hacerlo. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por expertos en derecho, quienes aseguran que ni la Constitución ni la Ley Orgánica proporcionan un respaldo legal directo para que Redondo distribuya subsidios a los diputados. Según el análisis de varios abogados constitucionalistas, el artículo 205 de la Constitución establece que cualquier asignación de subsidios debe realizarse a través de una ley aprobada por el Congreso, y no por decisión unilateral del presidente del Legislativo. Además, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en ninguno de sus apartados, menciona explícitamente la facultad de otorgar subsidios a las y los parlamentarios.
A raíz de la derogación de la Ley Especial para la Gestión del Fondo Departamental en 2023, el Congreso se encuentra sin una normativa clara que regule la entrega de subsidios, lo que incrementa la incertidumbre y la desconfianza en torno a las decisiones financieras de dicho Poder del Estado hondureño.
El abogado Leonel Núñez subrayó que, al no existir una normativa precisa, cualquier distribución de fondos por parte de la presidencia del Congreso podría considerarse una violación a las normas constitucionales y legales vigentes.
Mientras tanto, el presidente del Congreso de Honduras participa hasta este fin de semana en una reunión extraordinaria del Foro Parlamentario que encabeza, en Rabat, Marruecos, donde se tratarán temas cruciales como la seguridad ciudadana y el cambio climático, y las tensiones dentro del Congreso y a su alrededor continúan creciendo. La situación pone en evidencia una de las mayores crisis de confianza en las instituciones hondureñas, donde las acusaciones de corrupción afectan la imagen del Poder Legislativo, particularmente de aquellos que tienen la responsabilidad de representar y legislar en beneficio de la ciudadanía.
Este caso resalta la importancia de una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos públicos en el Congreso, un tema que continuará ocupando la agenda política y judicial en Honduras durante los próximos días y meses. La transparencia y la rendición de cuentas, claves en cualquier sistema democrático, están siendo puestas a prueba en un momento en que las y los hondureños exigen respuestas claras y contundentes frente a los casos de corrupción que salpican a sus representantes, y piden a gritos un fiscal general capaz y comprometido con la transparencia y la democracia, no con un partido o intereses mezquinos.
"Este día, ocurrió lo que ocurrió", dijo Tomé la noche de este jueves, en una conferencia de prensa en el Poder Legislativo, tras ser liberado. Aseguró que para la incautación de hoy, "según la Ley Orgánica del Congreso", se necesitaba "permiso" de Redondo como presidente de dicho órgano. Acusó además a la Fiscalía de llegar al parlamento con la intención de "ver que encuentra", sin un caso particular y las debidas ordenes. "Cada día estamos aclarando, pero no podemos estar todos los días en eso", agregó el asesor de Redondo, al cierre de este texto.
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