Costa Rica, que ya experimentó un aumento del 38 % en la tasa de homicidios en 2023 en comparación con el año anterior, enfrenta ahora una realidad en la que la criminalidad organizada desafía abiertamente a las fuerzas de seguridad. El ministro de Seguridad Pública reconoció los desafíos en la lucha contra este tipo de criminalidad y llamó a una reflexión profunda sobre las debilidades constitucionales, legales y presupuestarias que enfrentan los cuerpos policiales.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
La fatídica madrugada del miércoles 24 de enero de 2024, la localidad de Las Parcelas de Herradura, en Jacó de Garabito, Puntarenas, se vio sacudida por un suceso que ha marcado un hito en la cruda realidad de la lucha contra la criminalidad en Costa Rica, en medio de la peor crisis de seguridad y violencia generalizada que ha vivido dicho país centroamericano. El oficial Bryan Josué Rivera Oviedo, de 28 años de edad, perdió la vida en cumplimiento de su deber, recibiendo un disparo mortal en la cabeza mientras respondía a un reporte que alertaba sobre un grupo de antisociales atrincherados y efectuando disparos en la mencionada comunidad. El joven oficial, miembro del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y con apenas dos meses en dicha unidad, se desplazaba desde Barranca hasta el centro de Puntarenas para cumplir con sus deberes policiales. Originario de Palmar Norte, Bryan Rivera dejó un legado de pasión por su trabajo y una búsqueda constante de superación, como lo reveló su suegra, Flory Loría. Con al menos tres años de servicio, Bryan había forjado una conexión especial con la comunidad y, a pesar de los riesgos, se entregaba plenamente a su labor.
La tragedia se reveló cuando, al no recibir noticias de Bryan al finalizar su horario, su pareja, Theylin Anchía, comenzó a temer lo peor. El dolor y la incertidumbre se apoderaron de la familia al descubrir a través de internet que un policía había perdido la vida en el cumplimiento de su deber. La angustia se intensificó al intentar contactar a los oficiales de Puntarenas, sin conocer a nadie en la delegación y con la esperanza de que la noticia no fuera confirmada.
Flory Loría, la suegra de Bryan, compartió detalles sobre la preparación que el oficial había brindado a su hija en días recientes, con la sombría indicación de que la posibilidad de no regresar a casa siempre acechaba en la mente de estos oficiales. La joven pareja, compuesta por Bryan y Theylin, planeaba un futuro juntos, y el oficial dejó instrucciones detalladas sobre qué hacer en caso de no regresar a casa. Esta revelación, aunque impactante, evidencia la realidad implacable que enfrentan diariamente los miembros de la fuerza pública costarricense.
"Reitero el llamado a los tres Poderes de la República para acabar con la inseguridad en el país, para acabar con la impunidad", dijo el jueves 25 de enero de este año el presidente costarricense Rodrigo Chaves, en un sorpresivo mensaje a la nación.
El sueño de Bryan Josué Rivera Oviedo no se limitaba solo a cumplir con sus deberes policiales; aspiraba a alcanzar puestos más altos en la jerarquía policial y estaba decidido a completar su bachillerato. Flory Loría destacó su compromiso con la realidad social, a menudo chocando con compañeros que no compartían su visión de abordar los problemas de la comunidad. La pasión de Bryan por hacer frente a la problemática social era innegable, y su suegra lo describió como alguien incapaz de ignorar las injusticias que observaba.
La tragedia ha dejado un vacío insondable en la familia de Bryan, especialmente en su pareja, Theylin, y en algunos niños que lo consideraban como un padre. El profundo pesar se mezcla con la indignación de Loría, quien exige un cambio significativo en la situación del país. En medio de su dolor, la suegra señaló a medios locales que urge la necesidad de proporcionar a los policías las herramientas adecuadas y los recursos necesarios para enfrentar la creciente criminalidad. También mencionó la importancia de comprender las limitaciones a las que se enfrentan las y los agentes frente a la delincuencia, destacando la necesidad de reformas legales y más apoyo para el trabajo policial.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, también expresó su consternación ante este trágico evento. Zamora reconoció que el asesinato de Bryan Josué Rivera Oviedo marca un cambio significativo en la dinámica de la violencia criminal organizada en Costa Rica. Este último enfrentamiento directo contra las fuerzas del orden público, probablemente planificado, revela una nueva y más peligrosa fase en la criminalidad, que ya no se limita a las luchas internas entre bandas, por territorio y "control del mercado", explicaron especialistas a esta Redacción. Este suceso sigue al fallecimiento la semana anterior de otro oficial, Jordy Rojas Zúñiga de 28 años de edad, aunque las circunstancias de ambos casos parecen diferentes y siguen bajo investigación.
Rojas Zúñiga fue emboscado y asesinado a balazos cuando salía de un gimnasio. "Rojas caminaba por la vía pública con su esposa cuando, en un momento dado, fueron interceptados por una motocicleta donde viajaban dos personas y le dispararon en múltiples ocasiones. La mujer también resultó herida", indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En lo que respecta al caso más reciente, el del oficial Rivera Oviedo, el ministro informó sobre la detención de los sospechosos responsables del ataque y lamentó que ambos tuvieran antecedentes policiales por delitos graves. Al menos uno de ellos es nicaragüense, según la información dicha por el presidente Chaves. Ante esto, Zamora reiteró la necesidad de leyes más estrictas para evitar que individuos peligrosos continúen circulando libremente. Por otro lado, el mandatario señaló que es necesario "deportar a esos criminales" y a toda persona con antecedentes penales graves.
En ese sentido, el crimen organizado ha demostrado una capacidad de adaptación y profesionalización, como evidenció el ministro al referirse a la existencia de una "escuela de sicariato" descubierta en Limón.
La Unión Nacional de Policías de Costa Rica expresó su pesar y llamó a la acción para abordar la inseguridad en el país. Subrayaron la urgencia de que las y los líderes y jerarcas tomen medidas concretas para salvaguardar a las y los ciudadanos y a quienes dedican sus vidas a proteger a la comunidad. Las condolencias también llegaron de la Policía Municipal de Garabito, que envió solidaridad a la familia del oficial caído en acción.
Este trágico incidente subraya la urgencia de abordar las debilidades constitucionales, legales y presupuestarias que enfrentan los cuerpos de policía y los oficiales en el cumplimiento de sus obligaciones, comentaron varios analistas a diversos medios costarricenses. La sociedad de este país se encuentra en un momento crucial, donde la violencia criminal organizada y la inseguridad local exige respuestas contundentes y un apoyo sólido a las fuerzas del orden público.
El aumento de la criminalidad en Costa Rica durante el 2023, que superó la cifra récord del año anterior, y las 54 muertes registradas en los primeros 25 días de 2024, evidencian la gravedad de la situación. Mario Zamora destacó acciones preventivas especiales en Limón, Puntarenas y barrios del sur de San José en días recientes y durante las próximas horas, pero admitió que el Estado enfrenta limitaciones de recursos para mantener despliegues continuos.
El asesinato de Bryan Josué Rivera Oviedo no solo es una pérdida para su familia y la fuerza pública, sino que también marca un llamado urgente a la sociedad y a las autoridades para abordar de manera integral el creciente desafío de la criminalidad en Costa Rica. La seguridad y la paz en el país dependen de la acción inmediata y coordinada de todos los sectores, desde el Gobierno, pasando por la Asamblea Legislativa, hasta la sociedad civil, para enfrentar y superar esta amenaza que cobra vidas inocentes y amenaza el tejido mismo de la vida y el desarrollo costarricense.
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