La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), ha elevado aún más la preocupación al pedir al Gobierno que refuerce la seguridad en la frontera norte. Barquero, durante una audiencia con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, destacó la urgencia de tomar medidas ante la posible presencia de células ligadas al régimen de Ortega-Murillo, que podrían poner en riesgo la integridad física de los refugiados en territorio costarricense.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
En una sesión marcada por la urgencia y la condena unánime, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el martes 16 de enero de 2024 una moción que repudia el atentado a balazos perpetrado la semana anterior contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto. La moción, aprobada con 35 votos a favor y 8 en contra, va más allá de la simple condena, exigiendo a las autoridades costarricenses esclarecer el caso y determinar si en el país centroamericano operan o no grupos criminales asociados a la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua.
Este no es el primer atentado que sufre Maldonado en suelo costarricense; ya en el año 2021 había sido blanco de un ataque armado en Escazú. La recurrencia de estos actos violentos ha elevado la preocupación en la Asamblea, que ahora plantea la posibilidad de células orteguistas operando en el país centroamericano. La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), instó al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves a reforzar la seguridad en la frontera norte ante la sospecha de la presencia de "células terroristas" provenientes del régimen vecino.
La moción, propuesta por la diputada Johana Obando del Partido Liberal Progresista, incluye también la solicitud de revisar los protocolos de protección para personas en condición de refugiado por motivos políticos en Costa Rica. Esto cobra especial relevancia dado que el país ha acogido a más de 200,000 nicaragüenses en los últimos años, quienes huyeron de la represión en su país natal desde el inicio de las protestas contra el régimen Ortega-Murillo en abril de 2018.
El atentado contra Maldonado y su esposa, perpetrado por dos sicarios en motocicleta, según información de la Policía Nacional, desató una serie de declaraciones y acciones en el ámbito legislativo. La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), durante una audiencia en la Comisión Especial de Alajuela, pidió al ministro de Seguridad, Mario Zamora, reforzar la seguridad en la frontera norte ante la penetración de posibles células ligadas al régimen de Ortega y Murillo.
En este contexto, la relación diplomática entre Costa Rica y Nicaragua se ve tensionada. La diputada Obando, promotora de la moción, calificó a la administración nicaragüense como una "dictadura" y afirmó que Costa Rica no puede ser aliado de aquellos que "están masacrando a un pueblo" y han cometido "crímenes de lesa humanidad". Estas afirmaciones apuntan a una postura clara de rechazo hacia el régimen de Ortega por parte del Congreso costarricense.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha mantenido una posición diplomática cautelosa. En declaraciones a la agencia EFE, mencionó una relación cordial con el sandinista Daniel Ortega, subrayando la importancia de mantener canales de comunicación abiertos. Sin embargo, la diputada Barquero solicitó una actualización a la Asamblea Legislativa sobre las medidas tomadas por el Gobierno costarricense para reforzar la seguridad y proteger a los refugiados en el país.
En medio de esta controversia, el diputado Daniel Vargas, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), defendió al presidente Chaves, asegurando que la moción contiene "premisas falsas" y que el Gobierno siempre condenará cualquier acto terrorista. Además, destacó los esfuerzos del presidente por mantener canales abiertos con Nicaragua.
El atentado contra Joao Maldonado y Nadia Robleto ha evidenciado la vulnerabilidad de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica y ha provocado un llamado urgente a revisar la seguridad en la frontera norte del país. Mientras la Asamblea Legislativa exige esclarecimientos sobre posibles vínculos con células orteguistas, la situación política y diplomática entre ambos países se encuentra en un momento crítico.
La incertidumbre persiste, y la atención internacional se centra en la respuesta que brindará el Gobierno costarricense ante esta delicada situación.
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