El Estado de Calamidad, decretado tras el consejo de ministros de este miércoles, se presenta como una respuesta estratégica ante la magnitud de los incendios, que han consumido vastas áreas de bosques y vegetación en distintas regiones del país. Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), al menos 37 incendios han sido provocados solo este año, lo que representa una preocupante evidencia de acciones irresponsables que ponen en peligro a comunidades enteras.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El Gobierno de Guatemala ha anunciado la activación de un Estado de Calamidad, en respuesta a la grave situación desatada por los incendios forestales que han devastado vastas áreas del país, empeorada desde el jueves 22 de febrero cuando habían al menos 14 focos activos en todo el territorio. Esta medida se implementa con la intención de movilizar recursos y esfuerzos de manera más ágil y eficiente para hacer frente a esta emergencia nacional. El presidente Bernardo Arévalo, en un pronunciamiento emitido el 10 de abril de 2024, explicó que la decisión de declarar el Estado de Calamidad se tomó tras una evaluación exhaustiva de la situación, en la que se constató que aproximadamente el 80 % de los incendios registrados fueron provocados.
Este alarmante dato, proporcionado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), revela un patrón preocupante de acciones humanas irresponsables que han exacerbado la crisis ambiental en el país. No obstante, el desembolso de efectivo para esta emergencia, su uso y la declaración de Estado de Calamidad en general son medidas que ya generan un fuerte debate público, porque el mismo Estado aseguró que el 70 % de los incendios a nivel nacional ya habían sido controlados.
El fondo de emergencia de 110 millones quetzales (aproximadamente 14,132,217.00 dólares estadounidenses), disponible para combatir los incendios forestales, será asignado a varias instituciones clave encargadas de la protección del medio ambiente y la seguridad ciudadana. Entre ellas se encuentran el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, los Cuerpos de Bomberos, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Estas entidades tendrán la responsabilidad de coordinar esfuerzos para controlar y extinguir los incendios, así como de proporcionar asistencia a las comunidades afectadas, y enfrentar cualquier otra situación derivada.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, destacó que estos recursos estarán disponibles durante 30 días hábiles, una vez que sean aprobados por el Poder Legislativo guatemalteco y entre en vigor el Estado de Calamidad. Esta medida busca garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante la crisis, permitiendo la adquisición de equipos de protección personal y herramientas necesarias para las brigadas que luchan contra el fuego, según el oficialismo. Sin embargo, diputados opositores, analistas y ciudadanos en general subrayan tres situaciones que causan desconfianza: la falta de planes específicos para ejecutar los fondos, la falta de conocimientos y pericia necesarios para enfrentar el problema, y la transparencia durante el período excepcional.
El presidente Arévalo subrayó la gravedad de la situación, señalando que los incendios han generado una alta contaminación atmosférica, afectando la salud de la población y obligando a la suspensión de clases presenciales en algunas áreas. Además, resaltó los daños "irreparables" que estos siniestros están causando a la biodiversidad del país, lo que constituye una amenaza para el patrimonio natural de Guatemala. Por otro lado, expertos en salud han advertido sobre los riesgos asociados con la mala calidad del aire provocada por los incendios. El Dr. Juan Antonio Villeda, exdirector del Hospital San Juan de Dios, explicó que la exposición al humo puede provocar una serie de problemas respiratorios y de salud general, especialmente en niños, personas con enfermedades respiratorias crónicas y adultos mayores. La irritación de la garganta, tos persistente, dificultad para respirar y otros síntomas son comunes entre aquellos expuestos a niveles elevados de contaminación atmosférica.
El epidemiólogo Erwin Calgua enfatizó la importancia de tomar precauciones adicionales para protegerse del aire contaminado, recomendando limitar las actividades al aire libre y utilizar mascarillas adecuadas, especialmente en áreas cercanas a los incendios, en este caso, en toda el área metropolitana, expuesta a cantidades aún no calculadas de humo por el incendio en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). Además, instó a una evaluación continua del personal involucrado en la lucha contra el fuego, incluidos los socorristas y trabajadores de vertederos, para prevenir posibles efectos adversos a largo plazo en su salud.
La declaración de Estado de Calamidad también ha generado llamados a una gestión transparente y responsable de los recursos públicos por parte del Gobierno. El director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Orellana Wer, instó a una coordinación efectiva entre instituciones estatales y municipales para abordar tanto la emergencia actual como las causas subyacentes de los incendios forestales. Además, destacó la importancia de trabajar hacia el cierre eficiente del vertedero de AMSA y la implementación de estrategias sostenibles para la gestión de residuos a largo plazo.
La situación de emergencia desencadenada por los incendios forestales en Guatemala requiere una respuesta integral y coordinada por parte de todas las partes involucradas. La declaración de Estado de Calamidad es un paso crucial para movilizar recursos y esfuerzos en la lucha contra el fuego y mitigar los impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, es fundamental que esta medida se acompañe de acciones concretas para abordar las causas profundas de los incendios y garantizar la protección a largo plazo de los recursos naturales del país, con transparencia, inteligencia y responsabilidad, humana y medioambiental.
"El problema no está en los incendios, está en la mediocridad, en las personas que dirigen el CONRED. Ya lo manifestamos en el pleno; la directora del CONRED es una socióloga que no entendemos que va a saber de incendios, y la subdirectora es una internacionalista. Casi que los análisis que hacen es de saber si un incendio es de izquierda o es de derecha, o sí son iguales en Canadá, Guatemala, Brasil. No se trata de eso. Se trata de tener personas expertas. La primera acción que hicieron en CONRED fue venir y sacar a las personas capacitadas. Hoy se les está pasando ésta factura, donde Guatemala está ardiendo por culpa de la inoperancia y deficiencia de ellos (Gobierno de Bernardo Arévalo)", señaló el diputado de VAMOS, Hector Aldana, el miércoles 10 de abril.
"Las autoridades locales, las municipalidades han sido las que han estado atacando este tipo de incendios. No hemos visto apoyo de parte del Poder Ejecutivo", señaló el diputado de Valor, Elmer Palencia, "en el caso del departamento de Guatemala". Hoy, jueves 11 de abril de 2024, se debe conocer la solicitud en el pleno del Congreso.
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