El copresidente Daniel Ortega intentó aclarar la extraordinaria jornada de este jueves 09 de febrero entre Managua y Washington. "Sorprendente". Así le llamó. Confirmó también que la operación humanitaria no es el inicio de una negociación con la administración del presidente Joseph Biden. En cambio, extrema sus medidas represivas y apuesta por seguir justificandose con más alteraciones inconstitucionales y aberraciones jurídicas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Las declaraciones del mandatario nicaragüense Daniel Ortega la noche de este jueves 09 de febrero de 2023, desde las instalaciones del Centro de Convenciones Olof Palme, brindaron más detalles sobre la operación humanitaria que fue facilitada por la administración de Estados Unidos de América (EE.UU.), en la que un grupo de presas y presos políticos del régimen de Nicaragua fueron excarcelados y desterrados. Fue la copresidenta Rosario Murillo la que tanteó con la embajada de EE.UU. en Managua el traslado de un total de 228 presas y presos, de los cuales 222 decidieron voluntariamente ser transportados a Washington, dos se negaron al destierro y cuatro fueron rechazados por el Gobierno del presidente Joe Biden antes de iniciar el traslado, del cual no tenían conocimiento las y los detenidos.
"Deciles vos (a la embajada de EE.UU.). Tal vez lo escuchan allá. Realmente no se me ocurría a mi que... eh... porque no se trataba de negociar nada. Esto debe quedar bien claro", explicó Ortega, en medio de la perplejidad de todo su gabinete de ministros, los diputados y magistrados en la directiva del Legislativo y del Electoral, y las cabezas de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. "Yo dije que deberían de llevárselos", señaló el mandatario sandinista, recordando que desde agosto de 2021, a través de discursos de odio emitidos en cadena nacional, acusa de terrorismo al grupo de opositores políticos.
No obstante, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua asegura que en el país centroamericano otras 38 personas todavía guardan prisión por razones políticas. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, es uno de ellos. El mandatario nicaragüense, que lleva sentado en la silla presidencial 27 años, aseguró que Álvarez "rechazó" la "deportación" -ordenada por el Poder Judicial- al momento de abordar el avión. "No se quiso ir", dijo Ortega.
En su comparecencia, el copresidente también comunicó que Álvarez fue trasladado desde el Aeropuerto Augusto César Sandino hacia el Sistema Penitenciario "La Modelo" en Tipitapa. Y sobre las otras cuatro personas que aparecían en su lista previa pero no fueron acogidos por EE.UU., el mandatario señaló: "No nos dieron razones por las cuales no aceptaron. No los quieren". Luego, comenzó a especular, razonando en el hecho de que al menos dos de estos individuos tienen antecedentes penales, según documentos oficiales del Estado de Nicaragua.
Ortega también reconoció la noche de este jueves 10 de febrero la condición de reo político para 228 nicaragüenses detenidos desde 2018 y 2021 en todo el territorio. "Esa es la lista que nosotros teníamos de toda esta gente, que había participado en actos contra la soberanía, contra la paz, contra el pueblo nicaragüense", dijo. "No excluimos a nadie. En esta lista, original, están las firmas de los magistrados", explicó el dictador. Confesó también que desde la tarde del miércoles 08 de febrero del corriente año su administración remitió dicha lista al embajador de EE.UU. en la capital, Kevin K. Sullivan.
El extremismo de Ortega, reflejado en pocas horas
"Las intenciones de Ortega siguen siendo las mismas. Nada ha cambiado en Nicaragua, excepto que ahora recuperamos a ciertas voces que darán vida a la denuncia internacional contra las violaciones a los derechos humanos. Pero seguimos ocultando nuestros nombres, porque ahora hasta la nacionalidad nos pueden arrebatar con solo tildarnos de 'traidores a la Patria'", señala a la Redacción de COYUNTURA un periodista nicaragüense en el exilio, quien entre alegría e incertidumbre documenta lo que ha pasado en Washington las últimas horas.
Y es que la radicalización del régimen Ortega-Murillo volvió a marcar un hito en la historia, rompiendo sus propios límites, al justificar en tiempo récord el excarcelamiento, traslado, destierro y desnacionalización de las y los 222 presas y presos políticos, expulsados tras firmar una hoja que señalaba en una sola línea el "traslado voluntario".
A pesar de que la Constitución Política de Nicaragua establece que su reforma implica dos períodos legislativos, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, modificó el Artículo 21 de la Carta Magna en una sola sesión -luego del destierro-, arrebatando así la nacionalidad nicaragüense a este grupo de opositores y a cualquier otro ciudadano, cuando la pareja dictatorial lo desee.
"En las últimas horas, inhabilitó a 14 personas de por vida para cargos públicos; hizo que el Judicial 'deportara' a nicaragüenses de Nicaragua; considera la Constitución un papel cualquiera que puede modificar a su gusto y antojo para justificar sus crímenes; y todavía se ensaña en 'no querer dialogar'. Esta alegría se empaña con el extremismo de estas últimas horas", señala la fuente.
"Con cautela". Así recibió la administración de Costa Rica el "gesto" de Nicaragua.
La solidaridad también forma parte de los acontecimientos, que no tienen un antecedente parecido en Nicaragua o el continente americano. Según el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, el país europeo "ofrecerá la nacionalidad española" a las y los 222 nicaragüenses desterrados. "Muchos" de los convertidos en apátridas por el régimen aceptarán la oferta.
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