Chileno experto en derechos humanos, Alexandro Álvarez Alarcón, excoordinador del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), insta a la sociedad nicaragüense a persistir en la documentación de abusos, asegurando que, a pesar de los intentos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de minimizar los informes, la justicia eventualmente prevalecerá. En un reconocimiento por parte de la nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Miami, Álvarez resaltó la importancia de las organizaciones locales en la defensa de los derechos humanos y la memoria, subrayando que la transición democrática en Nicaragua dependerá de la persistente lucha de la sociedad. "Se va a dar", enfatizó.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Managua, Nicaragua
El defensor de derechos humanos y exdocente universitario chileno, Alexandro Álvarez Alarcón, excoordinador del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que documentó las violaciones a los derechos humanos en el país para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a los nicaragüenses a no dejar de documentar los abusos del régimen sandinista. El abogado y también exasesor legislativo en Chile recordó que los informes no pierden vigencia, a pesar de los intentos de ignorarlos por parte de los represores como Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. También explicó que documentar y denunciar son clave, y que no deben desanimarse, ya que la oportunidad para la justicia llegará. "A veces se olvida la relevancia de las organizaciones locales en la defensa de los derechos humanos y hacia las organizaciones de la sociedad civil internacionales, a las organizaciones internacionales. Todas las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de todos los distintos grupos que ha establecido el Sistema Universal del Sistema Interamericano para Nicaragua, todas esas cifras vienen de defensores y defensoras de derechos humanos locales", explicó Álvarez.
"No habría informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Nicaragua, del grupo de expertos independientes internacionales, sin el trabajo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y sin el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y como otras iniciativas que la propia sociedad civil nicaragüense articuló", agregó el defensor de derechos humanos al recibir un reconocimiento por parte de la CPDH en Miami, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) hace algunos días.
"Tarde o temprano habrá transición"
La CIDH elevó a 355 los nicaragüenses asesinados en Nicaragua durante la represión policial y parapolicial a las protestas ciudadanas que sacudieron al país centroamericano en el año 2018. "No sería posible el trabajo de las organizaciones internacionales sin la defensa que hacen muchas organizaciones dentro del país", reiteró el exfuncionario internacional, quien estuvo al frente del MESENI entre los meses de octubre de 2019 y julio de 2021, tiempo en el que su equipo de trabajo recibió decenas de denuncias de organismos defensores de derechos humanos locales y civiles que el régimen persiguió y hasta aniquiló -jurídicamente- después. Álvarez Alarcón también explicó la importancia de documentar las violaciones a los Derechos Humanos "frente a la barbarie" del régimen de Ortega y Murillo. "Es de suma importancia para el proceso de transición democrática en Nicaragua", señaló. "Lo que ocurre es que el sufrimiento a veces produce desesperanza, pero eso ha ocurrido otras veces en nuestro continente, la acción internacional y la lucha de la sociedad civil producen efectos y a veces no son todos los que uno quisiera, pero la historia nos muestra que tarde o temprano va a haber un proceso transicional y siempre, lo repito, es importante estar preparados, tener las evidencias para ese proceso transicional", expresó Álvarez Alarcón. "La transición se va a producir y va a ser el resultado de la lucha de la sociedad nicaragüense", agregó el abogado chileno.
Además de los más de 300 asesinatos por los que debe responder, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 110 presos políticos en distintas cárceles del país, cientos de exiliados y más de 316 nicaragüenses despojados ilegalmente de su nacionalidad, a quienes también confiscó sus propiedades. El jueves 29 de febrero de 2024, el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) de la ONU, que investigó lo ocurrido en 2018, concluyó, una vez más, en un segundo informe desde febrero de 2013, que Ortega y Murillo son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad contra civiles, incluidos niños y estudiantes, con fines políticos, mientras un amplio sector de la población exige su salida del Poder Ejecutivo, al que se han aferrado mediante el uso de las armas desde hace 16 años.
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