Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), a través de su secretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, condenó la reforma y advirtió que la concentración de poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo conducirá a una mayor represión y a un aislamiento aún más profundo de Nicaragua en la comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha alertado sobre las "nefastas consecuencias" para los derechos humanos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua, en medio de más de 16 meses de modificaciones institucionales, ha generado una ola de condenas por parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, quienes advierten sobre el fortalecimiento de un régimen autoritario bajo la ahora copresidencia del sandinista Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó la medida como un paso más hacia la concentración absoluta del Poder Ejecutivo, alertando sobre sus devastadoras implicaciones para la democracia y los derechos humanos en el país.
La reforma modifica más de 100 artículos de la Constitución, estableciendo un modelo de "democracia directa" que, según la CIDH, elimina la separación de poderes. Ahora, el Ejecutivo cuenta con amplias facultades para destituir a funcionarios que no se alineen con los principios establecidos en la nueva Carta Magna. Este cambio subordina al Poder Judicial, Legislativo y Electoral al control presidencial, consolidando un aparato estatal carente de autonomía.
Además, se otorgaron poderes adicionales al Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y policiales, permitiendo un uso discrecional de estos organismos para sofocar la disidencia. Particularmente preocupante es la oficialización de las "fuerzas voluntarias" en la Policía de Nicaragua, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos que, desde las protestas que iniciaron en abril del año 2018, ha sido señalado como actor clave en la represión estatal.
Entes internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH, han denunciado que estas reformas facilitan la represión de la oposición y legitiman actos que violan derechos fundamentales. Entre los cambios más alarmantes está la capacidad del Ejecutivo para despojar a ciudadanos de su nacionalidad y confiscar sus bienes, una práctica ya utilizada contra opositores políticos.
La CIDH también señala que la reforma refuerza el control del Ejecutivo sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exacerbando la falta de independencia judicial, lo que podría convertirla en un instrumento de persecución política.
La comunidad internacional ha expresado su rechazo. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Antony Blinken, y la Santa Sede, representada por el cardenal Pietro Parolin, condenaron conjuntamente este miércoles 27 de noviembre de 2024 la represión política, institucional y social en Nicaragua. Blinken calificó las reformas como un intento de "consolidar más poder en manos de Ortega y Murillo", advirtiendo que estas medidas aislarán aún más al país de la comunidad internacional.
Por su parte, la oposición nicaragüense en el exilio, agrupada en la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), denunció una nueva ola represiva tras la aprobación de la reforma. Según la CDN, al menos 21 personas han sido detenidas arbitrariamente desde el viernes pasado, incluyendo menores de edad y adultos mayores, en un acto que calificaron como una muestra del "nuevo esquema de control absoluto del régimen".
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando las protestas antigubernamentales fueron brutalmente reprimidas. La situación se agravó con las votaciones de 2021, consideradas ilegítimas por numerosos observadores internacionales, en las que Ortega aseguró un cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a sus principales oponentes. Desde entonces, la administración sandinista, en desacato permanente ante el Sistema Interamericano, ha intensificado su control sobre las instituciones y perseguido a sus críticos, despojándolos de su nacionalidad y derechos políticos. La reciente reforma constitucional es vista como la culminación de un proceso destinado a institucionalizar un régimen totalitario.
La CIDH y otros organismos han instado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para promover la restauración de la democracia en Nicaragua. En un comunicado, recordaron que los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos y la democracia, pilares esenciales para el desarrollo de las naciones.
A medida que Nicaragua profundiza su aislamiento, crece la urgencia de una respuesta internacional coordinada que detenga el deterioro de los derechos fundamentales en el país y promueva el regreso al Estado de derecho. La lucha por la libertad y la justicia continúa siendo el eje central de las demandas de millones de nicaragüenses dentro y fuera de sus fronteras.
No obstante, a pesar de la emergencia constitucional y de derechos y libertades, ninguno de los otros países centroamericanos se ha pronunciado al respecto.
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