Jóvenes, adultos y ancianos. Bachilleres, licenciados y doctores. Mujeres y hombres. Heterosexuales y personas LGBTIQ+. Campesinos, empresarios, pobres y élites. El sandinismo nos trata por igual a todas y todos. Chamorro, Lacayo, y hasta quienes tienen los apellidos menos populares.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Las autoridades nicaragüenses anunciaron el 10 de septiembre de 2024, un incremento en el número de ciudadanos a los que se les ha privado de su nacionalidad, elevando la cifra a 452 en los últimos dos años. Este aumento se produce tras la expulsión de 135 presos políticos, quienes fueron excarcelados el 05 de septiembre y enviados a Guatemala, en un acto que subraya la creciente y subreal represión del régimen de Daniel Ortega. A estas personas, además, se les ha "desterrado de facto", según una fuente del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otra de la Asamblea Nacional -controlada por dicho partido político- consultada por COYUNTURA bajo la condición de anonimato por seguridad.
"Si estudiabas en una universidad, tus registros ya no existen. Si había una bicicleta en la dirección de tu cédula de identidad al momento de la confiscación, se la llevaron. El sandinismo quiere eliminar todo registro y prueba de la existencia de disidentes, para dar fe de su mundo paralelo", comentó una de las 452 personas desnacionalizadas.
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución que ordena la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense" de 135 personas, argumentando que estos individuos habían cometido delitos que "atentan contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense". Las acusaciones incluyen la promoción de la violencia y el terrorismo, en un contexto en el que el gobierno ha utilizado estos términos para deslegitimar a sus opositores.
Entre las y los desterrados se encuentran artistas plásticos como Kevin Laguna y Oscar Danilo Parrilla, conocidos artísticamente como "Vink Art" y "Torch Místico", quienes fueron arrestados en noviembre de 2023 por pintar un mural en honor a la entonces recién coronada Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios. La detención de Laguna y Parrilla reflejó en sus momento cómo la expresión artística se ha convertido en un blanco para la represión, donde incluso la celebración de un logro nacional ha sido interpretada como un acto de desobediencia.
Otro caso significativo es el de Cristóbal Geovanny López, conocido como "Tropi Gamer", un creador de contenido en TikTok que fue encarcelado por manifestar su apoyo a Palacios.
También se encuentra en la lista el filósofo y sociólogo Freddy Quezada, quien fue detenido por haber expresado apoyo a la reina de belleza en redes sociales. Estas detenciones subrayan un patrón de represión que se extiende más allá de la oposición política, alcanzando también a aquellos que simplemente expresan su orgullo nacional. También han sido desnacionalizados, entre otras personas, exprecandidatos a la Presidencia; empresarios; líderes religiosos y de la sociedad civil; abogados y defensores de derechos humanos; periodistas y feministas; a exmiembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del FSLN.
El 26 de abril de 2024, el régimen sandinista de Ortega lanzó su propio certamen de belleza tras acusar a la representación de Miss Universo de conspiración y traición. Esta decisión estuvo acompañada de la detención de la familia de la directora de la franquicia, Karen Celebertti, cuyo esposo y uno de sus hijos fueron arrestados. Estas acciones reflejan un esfuerzo por parte del régimen para controlar cualquier expresión pública que pueda ser interpretada como un desafío a su autoridad.
"También han desterrado y confiscado a docentes de primaria y secundaria, antiguos jueces del sistema, líderes religiosos y hasta médicos y veterinarios. Nadie se ha salvado ni se puede salvar", comentó en una llamada telefónica otra de las personas desnacionalizadas por el sandinismo.
Una lista creciente de apátridas
Los 135 ciudadanos recién desterrados se sumaron a otros 317 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad en febrero de 2023, entre ellos figuras como los escritores sandinistas Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como el obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del orteguismo, expulsado al Vaticano. La represión ha afectado a un amplio espectro de la sociedad nicaragüense, incluyendo adolescentes y adultos mayores.
El excomandante de la Revolución Ciudadana de 1979, Luis Carrión, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, y el periodista Carlos Fernando Chamorro son otros de los nombres que han sido despojados de su nacionalidad en un contexto que continúa deteriorándose y extremándose. Desde abril de 2018, Nicaragua ha estado sumida en una crisis política, humanitaria, institucional y social que se agravó después de las controvertidas elecciones generales del 07 de noviembre del año 2021, donde Ortega se aseguró un quinto mandato histórico y un cuarto consecutivo en medio de más acusaciones de fraude y represión.
El régimen ha legitimado su política de despojo de nacionalidad a través de reformas constitucionales. El 19 de enero de 2024, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma al Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, que ahora establece que las y los "traidores a la patria" pierden automáticamente su nacionalidad. El presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras, defendió esta medida diciendo que es un homenaje a Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, al resaltar la supuesta necesidad de proteger la soberanía nacional.
Con esta reforma, la dictadura rojinegra reforzó un marco legal que le permite despojar de su nacionalidad a cualquier ciudadano considerado una amenaza a su autoridad, a través de circulares emitidas por la CSJ y los juzgados locales. Este proceso acelerado preocupaciones entre organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ven en estas acciones una violación de los derechos fundamentales y un intento de silenciar a la disidencia, de forma sistemática y calculada.
La comunidad internacional ha reaccionado ante esta situación. Grupos de derechos humanos denunciaron en agosto de este año, durante la Asamblea General de la ONU, las violaciones y crímenes sistemáticos que han llevado al despojo de nacionalidad de cientos de nicaragüenses. A medida que las voces críticas se ven obligadas a vivir en el exilio, la lucha por los derechos humanos y la democracia en Nicaragua se intensifica desde el extranjero, alargando una tortura cívica y psicológica "brutal y sin piedad", según una abogada nicaragüense.
En ese sentido, el futuro de Nicaragua es cada día más incierto, con un régimen que parece decidido a mantener su control a cualquier costo, quitando y otorgando nacionalidades a su gusto y antojo; a conveniencia y sin legitimidad. Las expulsiones y el despojo de nacionalidad, junto a la confiscación de bienes privados, son solo una parte de una estrategia más amplia de represión, que busca eliminar a cualquier persona que represente una amenaza para el poder de Ortega y Murillo. Mientras tanto, las y los nicaragüenses continúan enfrentando un clima de temor y persecución, pero también mantienen la esperanza de un futuro en el que puedan regresar a un país libre y democrático. Porque eso es lo correcto.
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