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"Al día de hoy, hemos restringido el visado a más de 1,000 funcionarios nicaragüenses", dice EE.UU.

Hasta la fecha, la administración estadounidense ha restringido el visado a más de 1,000 funcionarios nicaragüenses, incluyendo aquellos implicados en abusos contra los derechos humanos, la represión de voces independientes y casos de corrupción. Esta medida busca enviar un "mensaje claro" de que aquellos que participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos "no serán bienvenidos en suelo estadounidense".

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América durante una conferencia este viernes 29 de septiembre de 2023 | Fotografía de EFE por Will Oliver
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Antony J. Blinken, durante una conferencia este viernes 29 de septiembre de 2023 | Fotografía de EFE por Will Oliver

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.) ha anunciado una acción enérgica contra funcionarios municipales nicaragüenses en respuesta a "su apoyo a los ataques del régimen" de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la represión de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. En un comunicado emitido este viernes 29 de septiembre de 2023, el secretario de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken, reveló que se han restringido en total los visados de más de 1,000 funcionarios nicaragüenses, incluyendo aquellos involucrados en abusos a los derechos humanos y actos de corrupción. 100 de ellos fueron incluidos esta misma tarde, aunque se desconoce con exactitud la lista completa.


En la publicación oficial se destacó que Ortega y Murillo han cerrado y confiscado instituciones educativas de renombre, como la Universidad Centroamericana (UCA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), bajo pretextos sin fundamento en agosto y septiembre de este año. Estos actos han generado una creciente preocupación en la comunidad internacional, ya que socavan las aspiraciones de las y los nicaragüenses que buscan un futuro mejor en su propio país.


"Renovamos nuestro llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar a quienes han sido detenidos por apoyar valientemente una sociedad civil libre y la libertad de conciencia, incluyendo al obispo Rolando Álvarez. EE.UU. continúa trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos con la promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo", cita el comunicado


La medida de restringir visados se ha aplicado de acuerdo con la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a EE.UU., tanto como inmigrantes como no inmigrantes, a los miembros del Estado de Nicaragua y a otras personas involucradas en políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas.


Grandes desafíos ante las sanciones internacionales


En un foro realizado el jueves 28 de septiembre de 2023 en San José, Costa Rica, se discutió el tema de las sanciones internacionales como medio para provocar cambios en regímenes autoritarios. El evento, organizado por el centro de investigación Expediente Abierto, se centró en el análisis de la efectividad de las sanciones impuestas por EE.UU. a funcionarios y familiares del dictador nicaragüense, principalmente a partir de abril de 2018, en el contexto de la represión armada contra las protestas civiles que dejaron más de 350 muertos según informes de organizaciones de los derechos humanos.


Uno de los panelistas, el economista y opositor Enrique Sáenz, enfatizó que las sanciones no tienen como objetivo principal destituir a Daniel Ortega del poder, y que tampoco serían capaces de lograrlo. Sin embargo, destacó que lo peor sería no tener sanciones en absoluto, ya que eso sería beneficioso para el régimen de Ortega, según su perspectiva. Sáenz subrayó que la responsabilidad de sacar a Ortega del poder recae en los nicaragüenses, y también criticó la falta de una estrategia más efectiva en el seguimiento del impacto de las sanciones, argumentando que esto permitiría a Ortega recuperarse tras los golpes sufridos por sus empresas sancionadas.


"Ortega grita, gime cuando lo golpean, y después se ríe cuando puede evadir el impacto de las sanciones", dijo Sáenz, también exdiputado nicaragüense en la Asamblea Nacional, ahora en el exilio.


Por otro lado, la abogada y opositora María Laura Alvarado destacó la importancia de que las sanciones estén respaldadas por una política exterior coordinada tanto por parte de EE.UU. y la Unión Europea, como por las organizaciones y liderazgos de la oposición nicaragüense, subrayando que las sanciones por sí solas no garantizan un cambio en el régimen. Además, se mencionó que el contexto internacional actual, con múltiples conflictos en todo el mundo, dificulta que los problemas de Nicaragua se conviertan en una prioridad en la agenda internacional.


Mientras tanto, Julio Martínez, gerente de programa de Expediente Abierto, ofreció una cronología de las sanciones impuestas por EE.UU. en los últimos cinco años, que incluyen restricciones de visa, bloqueo de activos a al menos 46 personas y 11 entidades, así como medidas dirigidas contra los sectores del azúcar y el oro. Martínez señaló que este nivel de restricción de visa es generalizado en el régimen de Ortega y que no se ha aplicado en otro país.


Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, expresó durante el encuentro de este jueves preocupación por la insuficiencia en el uso de herramientas disponibles para sancionar a Nicaragua a través de tratados como el DR-Cafta y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argumentó que la falta de rendición de cuentas debería llevar a penalizaciones, multas y, en última instancia, a la revisión de tratados comerciales centroamericanos, regionales e internacionales. Además, señaló que Nicaragua no cumple con los cuatro artículos de gobernanza del acuerdo con el FMI, según sus propios estudios.


Canciller minimizó las sanciones internacionales ante la ONU


El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, defendió la resistencia del régimen sandinista al que sirve ante las sanciones internacionales durante su comparecencia en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Moncada afirmó que estas sanciones, que buscan presionar a la administración orteguista debido a las numerosas violaciones a los derechos humanos en el país, no "intimidan ni doblegan" al régimen al que sirve. También aprovechó la oportunidad para reclamar una indemnización de EE.UU. relacionada con un conflicto bélico de los años 80 y expresó su apoyo a Cuba y Rusia.


Su discurso fue criticado por analistas que siguen de cerca la situación en Nicaragua. Lo calificaron como "mentiroso y orwelliano" y señalaron que reflejaba la soledad del régimen de Ortega ante la comunidad internacional. También destacaron que Moncada omitió abordar cuestiones críticas, como la agresión de Rusia a Ucrania, y trató de presentar a Nicaragua como un país promotor de la paz, a pesar de las preocupaciones sobre su sistema represivo y totalitario.


Desde el año 2018, la comunidad internacional ha impuesto sanciones relativamente impactantes contra funcionarios cercanos a Ortega por violaciones a los derechos humanos, en un esfuerzo por restaurar la democracia y promover el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Los Estados Unidos de América, Canadá, la Unión Europea y otros países han presionado al país centroamericano en este sentido.


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