Administración de Xiomara Castro en Honduras endurece postura contra las protestas y genera preocupación
- Redacción Central
- hace 24 horas
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha manifestado su preocupación ante el anuncio de la Secretaría de Seguridad. En un comunicado, la institución instó a las autoridades a abstenerse de emplear medidas que restrinjan arbitrariamente el derecho a la protesta, recordando que la manifestación pacífica es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La reciente advertencia de la Secretaría de Seguridad de Honduras, que busca perfilar a quienes participen en manifestaciones públicas y remitir informes al Ministerio Público (MP), ha encendido las alarmas en diversos sectores del país centroamericano. La medida ha sido calificada por la oposición, organismos de derechos humanos, periodistas independientes y analistas como un acto de represión que amenaza con restringir libertades fundamentales en un contexto donde el oficialismo parece alejarse de los principios democráticos que alguna vez defendió.
El partido de gobierno, Libertad y Refundación (LIBRE), que durante años hizo de la protesta su bandera de lucha, ahora impulsa acciones que buscan contener y criminalizar las manifestaciones públicas. Este cambio ha sido duramente criticado por líderes opositores, quienes consideran que la administración de la presidenta Xiomara Castro ha caído en las mismas prácticas autoritarias que en el pasado condenó.
"El gobierno de LIBRE ejecuta acciones totalmente contrarias ahora que están en el poder, distinto a lo que exigían y peleaban cuando eran oposición", afirmó Tomás Zambrano, diputado del Partido Nacional de Honduras (PNH). "Con esa decisión del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, están criminalizando la protesta, un derecho garantizado en la Constitución de la República", agregó.
Por su parte, la exprecandidata presidencial del Partido Liberal (PLH), Maribel Espinoza, denunció la preocupante transformación de la administración social-demócrata, señalando que el partido oficialista ha adoptado medidas que restringen derechos fundamentales y debilitan el sistema democrático.
"Libre ha mutado peligrosamente", advirtió Espinoza. "De partido político en la oposición que hacía suyas las protestas en las calles, ha pasado a convertirse en una fuerza concentradora del poder y represora de los derechos humanos de los hondureños", dijo. La diputada del Congreso Legislativo destacó además el Estado de Excepción prolongado como un mecanismo de control que carece de justificación real y que afecta las garantías individuales de la población. Además, alertó sobre la creciente represión a la libertad de expresión, que ha resultado en hostigamiento contra periodistas, activistas y ciudadanos.
El comunicado de la Policía Nacional que advierte sobre la identificación de manifestantes y la remisión de expedientes a la Fiscalía, controlada por el Ejecutivo, ha sido interpretado como una amenaza directa a la movilización social. Defensores de derechos humanos consideran que este tipo de estrategias buscan disuadir la participación ciudadana y generar un clima de miedo.
"Nos están creando todo un escenario de temor para que la gente no salga a protestar", señaló la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza. "Esto solo ocurre en gobiernos autoritarios, donde se pretende mantener a la población sometida y sin posibilidad de exigir sus derechos", agregó.
Marco Bhaday, coordinador de proyectos de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH), criticó la postura de la Policía Nacional y recordó que la protesta pacífica es un derecho constitucional. "El diálogo debe ser la primera vía para resolver conflictos, sin recurrir a medidas que criminalicen la protesta social o limiten la voz del pueblo", enfatizó.
Por su parte, Carlos Sierra, gerente de Proyectos de Justicia y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), advirtió sobre el uso de un lenguaje intimidante por parte de las autoridades. "El deber de la Policía Nacional es garantizar la seguridad de todos, no lanzar advertencias amenazantes contra quienes ejercen su derecho a la protesta", afirmó.
Ante la creciente preocupación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió un comunicado en el que instó a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público a abstenerse de aplicar medidas que restrinjan arbitrariamente la protesta social. "El derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación son derechos nacional e internacionalmente reconocidos, esenciales para la existencia y consolidación de sociedades democráticas", subrayó el CONADEH. Además, reiteró que las autoridades deben facilitar las protestas en lugar de reprimirlas, ya que estas representan un uso legítimo del espacio público.
El ente también advirtió sobre la instrumentalización del derecho penal para criminalizar acciones como los bloqueos de calles, los cuales, aunque puedan generar molestias y perdidas millonarias, no pueden ser considerados delitos en ausencia de amenazas reales a la seguridad pública.
A pesar de la advertencia gubernamental, pobladores y alcaldes de cuatro municipios de Comayagua desafiaron el comunicado de la Policía Nacional y tomaron la carretera CA-5, cerca del Aeropuerto Internacional de Palmerola, para exigir la reconstrucción de un tramo vial crucial para la economía local, el lunes 31 de marzo de 2025. La protesta, liderada por ciudadanos que reclamaron la pavimentación de aproximadamente 100 kilómetros de carretera, representa una prueba para la postura oficial. Ahora, queda en suspenso si las autoridades seguirán su propio discurso y procederán a judicializar a las y los manifestantes o si el rechazo social obligará al gobierno a reconsiderar su estrategia.
Para hoy, miércoles 02 de abril de 2025, hay programadas asambleas informativas del gremio médico en todo el territorio nacional, ante el incumplimiento de la Secretaría de Salud en el pago de sus salarios y en la estabilidad de las becas para internos.
Analistas políticos como Lester Ramírez han advertido sobre los riesgos de estas medidas y la posibilidad de que se genere un clima de mayor represión. "Este comunicado es una forma de intimidación. Mientras las manifestaciones sean pacíficas y dentro del marco legal, no debería haber persecución", señaló. Ramírez también alertó sobre el posible uso del Estado de Excepción como herramienta para restringir aún más el derecho a la protesta y cuestionó la falta de garantías para que las manifestaciones se desarrollen sin temor a represalias.
Por otro lado, Wilfredo Rubio, abogado penalista y experto en seguridad, coincidió en que la medida de la administración de la presidenta Xiomara Castro es innecesaria y contraria a los principios democráticos. "Todos tenemos el derecho constitucional a protestar", expresó. "Lo que hará la población es proteger su identidad, lo que demuestra el nivel de desconfianza que existe hacia las autoridades".
Mientras tanto, Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad, defendió la postura del gobierno y afirmó que la Policía Nacional simplemente documentará a los manifestantes que violen la ley. "No es verdad que se persiga a los manifestantes, pero sí se investigará a aquellos que atenten contra el orden público", afirmó.
Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo por parte de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos, quienes advierten que este tipo de medidas solo buscan consolidar un Estado más represivo, al mejor estilo sandinista en Nicaragua, o chavista en Venezuela.
La advertencia del oficialismo hondureño sobre el tratamiento de las protestas ha abierto un debate crucial sobre el futuro de la democracia en Honduras. Lo que para las autoridades es un intento de "mantener el orden", para la oposición y la sociedad civil representa ya una alarmante amenaza a los derechos fundamentales.
Con un historial de represión en la región y en medio de un contexto político, económico, institucional y de seguridad volátil, la pregunta sigue en el aire: ¿Honduras se encamina hacia un modelo de régimen cada vez más restrictivo, o la presión social logrará frenar estas tendencias?
La respuesta dependerá de la capacidad de la ciudadanía para resistir y defender su derecho a la protesta, un derecho que, según la Constitución, es innegociable.
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