"Hemos identificado al menos 66 personas en los niveles medio y superior del aparato organizado de poder bajo el mando de los dos gobernantes de Nicaragua. Este aparato sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de derechos humanos", dijo el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este martes.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hoy, martes 10 de septiembre de 2024 en Ginebra, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentó un informe oral que detalla la continua represión y violaciones graves de derechos humanos en Nicaragua. La presentación, realizada en el contexto del tema dos de la agenda, abordó los resultados obtenidos a partir de una exhaustiva recopilación de información basada en más de 1,200 entrevistas y casi 5,000 documentos. Actualización y seguimiento de un primer informe, presentado en marzo de 2023, junto a varios testimonios y esquemas del poder sandinista.
Simon destacó que los hallazgos del informe siguen revelando hechos y circunstancias que, prima facie, constituyen crímenes de lesa humanidad, particularmente persecución por motivos políticos. Estas violaciones incluyen la privación de la nacionalidad por razones políticas y se han mantenido impunes, sin que se haya proporcionado reparación a las víctimas. La responsabilidad de estos crímenes recae, según el informe, en el actual presidente de Nicaragua y la vicepresidenta. Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial"
El informe subraya la preocupante concentración de poder en Nicaragua, con Ortega y Murillo dominando todas las ramas de la administración estatal y municipal, particularmente el Poder Judicial y las fuerzas armadas. Esta concentración ha llevado a que Nicaragua no cumpla con los estándares más básicos de independencia judicial. La instrumentalización del Estado para la represión política se ha profundizado, dice la ONU, con el aparato de poder facilitando graves violaciones y abusos de derechos humanos.
El GHREN ha identificado al menos a "66 personas en niveles medio y superior" del aparato gubernamental que facilitan y coordinan estas violaciones. Las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos continúan, con un sistema penal que persigue y elimina a cualquier oposición, real o percibida. Recientemente, 135 personas presas por motivos políticos fueron forzadas a salir del país centroamericano, ninguna de ellas perteneciente a grupos indígenas.
Violaciones transnacionales y persecución de familias
El informe también aborda las violaciones con alcance transnacional, destacando la privación arbitraria de medios de vida a víctimas fuera de Nicaragua y la denegación de entrada al país. Más de 700 víctimas en el extranjero representan solo una muestra de la magnitud de estas violaciones transfronterizas, según Jan-Michael Simon. Un patrón alarmante es la persecución de familiares de opositores al sandinista, afectando a un centenar de niños y niñas. El GHREN ha confirmado en esta tercera actualización diversas formas de represión transnacional contra nicaragüenses en el extranjero y está en proceso de "reconfirmar y profundizar esta información", a raíz de la reforma aprobada por el sandinismo desde la Asamblea Nacional al Código Penal y al Código Procesal Penal nicaragüense. La impunidad también se refleja en la negativa de asistencia jurídica internacional, como el caso de Brasil, que solicitó investigar la muerte violenta de una víctima brasileña en las manifestaciones del año 2018 en Managua.
Las continuas violaciones están sumiendo a sectores enteros de la población en un estado de indefensión. La represión ha desmantelado la organización de la población campesina y ha afectado gravemente la educación superior en Nicaragua, señaló el GHREN. La toma forzosa de universidades y la persecución de líderes estudiantiles y profesores han tenido un impacto devastador en el desarrollo educativo y el futuro de miles de estudiantes.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes enfrentan también violaciones graves de sus derechos de autodeterminación y territoriales. Los líderes y activistas que defienden estos derechos son perseguidos sistemáticamente, dice la ONU. Por otro lado, la falta de prevención e investigación por parte del Estado ha permitido abusos graves por parte de privados, incluyendo violencia de género y asesinatos.
Un aspecto particularmente alarmante para la ONU es la persecución religiosa, especialmente contra la iglesia católica. Hoy, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más destacó frente al Consejo de Derechos Humanos la condena de 52 laicos católicos y 13 líderes evangélicos, así como la excarcelación y destierro de 26 personas hacia Guatemala. La represión incluye la condena de periodistas por cubrir actividades religiosas y la desnacionalización de al menos 22 religiosos.
El informe del GHREN también menciona ataques a la iglesia católica, incluyendo profanaciones, atentados y robos, así como la prohibición total de actividades religiosas públicas. La represión ha llevado al cierre de más de 5,400 asociaciones, incluyendo organizaciones religiosas, con confiscación de bienes y cuentas bancarias.
El informe de Simon subrayó las implicaciones graves de la situación de derechos humanos en Nicaragua para las relaciones con instituciones financieras internacionales. En el último mes, se han cancelado 1,800 organizaciones sin fines de lucro y se han confiscado sus bienes, lo que en total ya representa el 80 % de las organizaciones reportadas al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta situación es un retroceso significativo respecto a la decisión de GAFI en 2022 de retirar a Nicaragua de su lista de países de alto riesgo. El informe del GHREN reitera así las recomendaciones previas y solicita que el Consejo de Derechos Humanos trate la situación en Nicaragua bajo el tema número 4 de su agenda, con brevedad y mucha atención, por ser una de las crisis más graves en la región. Las continuas violaciones están dejando cicatrices profundas en la sociedad nicaragüense, que tardarán generaciones en sanar.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua pinta un cuadro cada vez más sombrío de la situación en el país, caracterizado por una represión política implacable, violaciones de derechos humanos con alcance transnacional, y una persecución que atenta contra todo tipo de derechos y libertades. La comunidad internacional enfrenta el desafío de responder a esta crisis con acciones concretas y efectivas para proteger los derechos de los nicaragüenses y promover la justicia en un contexto de impunidad persistente.
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