El origen del conflicto parece vinculado a una reciente publicación de GatoEncerrado, un medio digital en el que Ricardo Vaquerano funge como editor. La investigación, titulada "Policías salvadoreños en red que asesinó a cientos de personas", reveló un esquema de abusos, corrupción y nexos de grupos criminales dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
La Red Centroamericana de Periodistas denunció este viernes un presunto acoso policial en contra del periodista Ricardo Saúl Vaquerano y su familia, presuntamente en respuesta a su labor periodística crítica en el medio de comunicación digital independiente GatoEncerrado. La noche del miércoles 30 de octubre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en la vivienda de la familia de Vaquerano, amenazando con detener a un familiar sin procedimiento legal, sin orden judicial y sin evidencia de delito alguno. La cadena de incidentes comenzó temprano ese mismo día, cuando un grupo de agentes de la PNC llegó a la vivienda alegando haber recibido una llamada de emergencia por supuesto conflicto familiar. La familia de Vaquerano negó el reporte, desmintiendo cualquier acto de violencia.
A pesar de la aclaración, los agentes insistieron en registrar a los ocupantes de la vivienda y fotografiaron la identificación de uno de ellos. Los interrogatorios se intensificaron cuando los agentes comenzaron a cuestionar a la madre del periodista sobre la cantidad de hijos y sus ocupaciones. Tras retirarse, los policías regresaron por la noche, intentando ingresar nuevamente a la vivienda y amenazando con arrestar a uno de los familiares sin orden judicial, a lo que la familia respondió negándose a abrir la puerta. La Red Centroamericana de Periodistas condenó los hechos y exigió que se garantice la seguridad de Vaquerano y su familia.
Este acoso ocurre pocos días después de que Vaquerano editara una investigación en GatoEncerrado titulada "Policías salvadoreños en red que asesinó a cientos de personas". La publicación expone un presunto grupo de sicariato integrado por policías y civiles que operó con impunidad en el país centroamericano. Para GatoEncerrado y defensores de derechos humanos, incluso para disidentes y analistas consultados por COYUNTURA, el caso de Vaquerano es parte de una preocupante tendencia en El Salvador, donde el sistema de seguridad pública es utilizado para intimidar a voces críticas, incluidos periodistas. La situación también se enmarca en el contexto de un régimen de excepción, ampliamente criticado por restringir derechos ciudadanos y ser un mecanismo de censura indirecta.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuya presidencia asumió recientemente el salvadoreño José Roberto Dutriz, ha alertado sobre el incremento de amenazas contra la prensa en América Latina. En declaraciones a EFE, Dutriz destacó que la vigilancia constante es crucial para proteger a los periodistas en medio de crecientes ataques y riesgos. "No pueden haber sociedades libres y desarrolladas sin libertad de prensa y expresión", afirmó Dutriz, subrayando la importancia de la libertad de prensa para la democracia y el desarrollo de los países.
Dutriz asumió la presidencia de la SIP en un momento crítico, señalando que los periodistas enfrentan múltiples desafíos, desde la desinformación hasta la sostenibilidad financiera de los medios. Reiteró la importancia del monitoreo y la denuncia pública ante cada ataque a la prensa, práctica que ha caracterizado a la SIP en sus 80 años de historia. Aunque reconoció que, bajo la administración del mandatario Nayib Bukele, se permite cierta libertad de crítica e investigación, Dutriz observó que el régimen de excepción en El Salvador actúa como una censura implícita que restringe el trabajo periodístico y a la ciudadanía.
La investigación periodística editada por Vaquerano expone una de las denuncias más graves de corrupción y abuso en la PNC, incluyendo acusaciones de sicariato perpetradas por agentes junto a civiles. Este trabajo, sumado a informes previos de organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch, documenta cómo la fuerza policial salvadoreña ha sido acusada de irregularidades y violaciones de derechos humanos. Para la Red Centroamericana de Periodistas, el hecho de que agentes policiales hayan rodeado repetidamente la casa de la familia de Vaquerano bajo falsas acusaciones de violencia refleja un patrón de intimidación.
La SIP y otros organismos de derechos humanos están vigilantes ante esta situación, advirtiendo que la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas son derechos fundamentales que deben ser respetados en toda democracia. La denuncia de GatoEncerrado y de la Red Centroamericana de Periodistas no solo pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en El Salvador, sino que también llama a la comunidad internacional a no desviar la mirada de un país donde la represión ha encontrado en la seguridad pública un brazo ejecutor para acallar las voces críticas.
Este contexto de intimidación policial plantea una dura prueba para la libertad de prensa en El Salvador, y los llamados de organizaciones como la SIP, que buscan proteger a las y los periodistas mediante la vigilancia constante y la solidaridad internacional, son más pertinentes que nunca.
¿Qué dice la investigación de GatoEncerrado?
La investigación de GatoEncerrado revela la existencia de un patrón sistemático de asesinatos en El Salvador, donde grupos armados operaban bajo la apariencia de agentes policiales y militares. Estos grupos, identificados como "escuadrones de la muerte" o de "limpieza social", operaron con impunidad y, según las investigaciones, contaron con la complicidad de diversos niveles de la Policía Nacional Civil, así como con la permisividad del sistema de justicia salvadoreño, bajo el control del Poder Ejecutivo, en manos de Bukele.
El documento clave en esta investigación es el "REQUERIMIENTO DECO HOMICIDIOS CON VESTIMENTA OSCURA", que detalla 279 homicidios entre 2019 y 2021 en los que los agresores vestían ropas oscuras similares a los uniformes de la PNC y la FAES, y realizaban allanamientos sin órdenes oficiales. Las víctimas eran, en muchos casos, personas asociadas a pandillas, y estos crímenes fueron reportados en escenas de "enfrentamiento" para encubrir la participación de agentes policiales.
La investigación se nutre de documentos filtrados, entrevistas con sobrevivientes, testigos y fuentes policiales, quienes confirmaron la existencia de estos grupos de exterminio que operaron principalmente en el oriente del país. A pesar de varias investigaciones judiciales desde 2015, la Fiscalía solo ha logrado condenar a un número mínimo de los implicados, mientras que la mayoría de los responsables permanece libre. La impunidad y la falta de respuesta institucional reflejan la complicidad del Estado y la persistente amenaza de estos grupos en algunas regiones de El Salvador.
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