La solicitud presentada por los abogados argentinos representa un avance significativo en la lucha por la justicia y los derechos humanos en Nicaragua, comentaron un analista político y un abogado nicaragüense en el exilio. Si bien el camino hacia la rendición de cuentas es largo y complejo, este tipo de acciones legales son fundamentales para mantener viva la esperanza de justicia para las víctimas y para "generar presión real, que indague, registre y condene". La comunidad internacional tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso, y la jurisdicción universal es una herramienta poderosa para garantizar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Buenos Aires, Argentina
Un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia internacional se abrió este martes 27 de agosto de 2024 con la solicitud presentada por un grupo de abogados argentinos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su país, en la que exigen que se cite a declaración indagatoria y se emita una orden de detención y captura internacional contra los principales líderes del régimen sandinista en Nicaragua. Esta acción, enmarcada dentro de procesos penales ya en curso en Argentina, pone en la mira a Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros altos funcionarios de la administración nicaragüense, acusados de crímenes de lesa humanidad.
El trasfondo de esta solicitud tiene sus raíces en una serie de denuncias presentadas desde octubre de 2022, cuando los abogados Darío Richarte y Diego Pirota iniciaron acciones legales contra la dictadura nicaragüense. Posteriormente, en enero de 2023, el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) amplió estas denuncias, subrayando la urgencia de que la comunidad internacional intervenga en la crisis nicaragüense.
Los delitos imputados a Ortega, Murillo y su círculo más cercano incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecuciones por motivos políticos y religiosos. Estos crímenes han sido catalogados como de lesa humanidad, una clasificación que implica una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, y que, según el derecho internacional, no prescriben ni pueden ser amnistiados.
Darío Richarte, uno de los principales impulsores de la denuncia, destacó en una entrevista con Infobae que "la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones". Añadió que, después de un análisis exhaustivo de las pruebas acumuladas, tanto la querella como la Fiscalía argentina consideran que existe suficiente evidencia para proceder con las declaraciones indagatorias y las órdenes de captura internacional. Esta medida busca no solo garantizar la presencia de los acusados en el proceso judicial, sino también evitar que interfieran con la investigación, una preocupación latente dada la influencia y el poder que aún ostentan los implicados hasta la fecha.
El contexto de esta solicitud es complejo, según un analista y un abogado nicaragüense, ambos en el exilio y consultados bajo anonimato por seguridad; además, señalan, refleja la tensión entre el poder estatal de Nicaragua y la comunidad internacional. Según Richarte, el régimen nicaragüense ha intentado, en diversas ocasiones, interferir con las investigaciones en curso, lo que refuerza la necesidad de medidas cautelares como la detención de los implicados. La solicitud también subraya la obligación de Argentina de actuar conforme a sus compromisos internacionales, particularmente como signatario del Estatuto de Roma, que establece la responsabilidad de los Estados en la persecución de crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, el marco legal invocado por los abogados incluye referencias a los principios establecidos en los juicios de Núremberg, los cuales sentaron las bases para la responsabilidad penal de los jefes de Estado por crímenes graves. Estos principios han sido reiterados en el derecho internacional contemporáneo y forman parte del andamiaje legal que sustenta la solicitud presentada ante la CSJ argentina.
Escenario de represión y violencia
Desde abril del año 2018, Nicaragua ha vivido una escalada de violencia y represión estatal que ha captado la atención de la comunidad internacional. Las protestas, que comenzaron como una reacción contra la inoperancia del Estado ante un incendio forestal de grandes magnitudes y las reformas al sistema de Seguridad Social, se convirtieron rápidamente en un movimiento más amplio que exigía el fin del régimen de Ortega. La respuesta del sandinismo fue brutal: cientos de personas fueron asesinadas, miles resultaron heridas y decenas de miles huyeron del país centroamericano para escapar de la represión.
Por otro lado, las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, se llevaron a cabo en un clima de represión extrema. La mayoría de los principales líderes opositores fueron encarcelados o exiliados, lo que desató una ola de condenas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos extranjeros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y la Organización de los Estados Americanos han documentado el deterioro de la situación en Nicaragua, al igual que cientos de periodistas y activistas, subrayando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la ausencia de procesos electorales legítimos.
El proceso contra Ortega y Murillo en Argentina
El proceso penal contra el régimen nicaragüense en Argentina se divide en dos causas principales. La primera, iniciada por Richarte y Pirota, está radicada en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 4, bajo la jurisdicción del juez Ariel Lijo, y es acompañada por la Fiscalía Nro. 3, a cargo de Eduardo Taiano. La segunda causa, presentada por FADER, se tramita en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 7, bajo el juez Sebastián Casanello, con la intervención de la Fiscalía Nro. 11, dirigida por Germán Pollicita.
Ambas causas han reunido una considerable cantidad de pruebas y testimonios que, según los denunciantes, demuestran la participación directa de los acusados en crímenes de lesa humanidad. Además de Ortega y Murillo, la lista de imputados incluye a Néstor Moncada Lau, asesor presidencial; Francisco Díaz, jefe de la Policía, que controla el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); Julio César Avilés, jefe del Ejército; y otros altos funcionarios de la administración sandinista. Esta lista se amplió en las denuncias posteriores para incluir a figuras clave en la represión, como Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense.
La solicitud presentada en Argentina no solo busca justicia para las víctimas de la represión en Nicaragua, sino también reafirmar el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad. Si la CSJ argentina acepta la solicitud de indagatoria y captura internacional, este caso podría sentar un precedente significativo en la aplicación del derecho internacional en casos de crímenes de lesa humanidad, y en la coyuntura del país centroamericano.
El caso también podría tener profundas implicaciones políticas y diplomáticas. La emisión de órdenes de captura internacional contra Ortega y Murillo sería una señal fuerte de que la comunidad internacional no tolerará las violaciones a los derechos humanos, independientemente del poder o la influencia de los perpetradores. Además, podría abrir la puerta a un juicio internacional que ponga en evidencia las atrocidades cometidas bajo el régimen sandinista y contribuya a la rendición de cuentas en Nicaragua.
En un mundo cada vez más interconectado, donde las violaciones de derechos humanos no conocen fronteras, la acción del sistema de justicia argentino se convierte en un faro de esperanza para aquellos que luchan por la justicia y la dignidad en Nicaragua y más allá.
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