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54 inmuebles, 13 vehículos y 32 cuentas bancarias confiscadas a exvicealcalde en Honduras

El caso de Mario José Cálix no solo es significativo por la magnitud de los bienes confiscados, sino también por la revelación de sus vínculos con otros actores clave en el narcotráfico hondureño. Cálix, conocido como "Cubeta", ha sido señalado en testimonios del narcotraficante Alexander "Chande" Ardón como socio de Juan Antonio "Tony" Hernández, el hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y condenado en 2021 por narcotráfico.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Tegucigalpa, Honduras
Mario José Cálix el 21 de junio de 2024, cuando se declara prisión preventiva en su contra | Fotografía de Hondudiario
Mario José Cálix el 21 de junio de 2024, cuando se declara prisión preventiva en su contra | Fotografía de Hondudiario

El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Honduras dictó el martes 27 de agosto de 2024 por la mañana una resolución que ordenó la confiscación definitiva de los bienes de Mario José "Cubeta" Cálix Hernández, exvicealcalde del municipio de Gracias en el departamento de Lempira, actualmente solicitado en extradición por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Esta decisión, emitida cinco días después de la ratificación de su extradición a EE.UU. por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano, marca un paso importante en el proceso judicial que enfrenta Cálix por cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego, y pone de relieve una vez más la conexión entre la corrupción local y el crimen organizado transnacional en el país centroamericano y la región.


La resolución judicial ordena la confiscación de 54 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Lempira, 13 vehículos, tres sociedades mercantiles y 32 cuentas bancarias asociadas a Cálix Hernández. Estos activos serán administrados por el Estado de Honduras desde ahora. Además, la medida también afecta a Angélica Maldonado, esposa de Cálix, quien también verá la privación de sus bienes, incluyendo vehículos y cuentas bancarias. No obstante, según fuentes judiciales consultadas por COYUNTURA, el decomiso contra Mario José comenzó en el año 2019, una vez que se conoció la acusación del ciudadano en Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo al expediente de la Fiscalía hondureña, Cálix Hernández presenta un monto no justificado de al menos 69,719,684.72 lempiras.


El fallo del juzgado establece que, a menos que se presente un recurso de apelación y este sea admitido por la Corte de Apelaciones en materia de Privación de Dominio, los bienes pasarán a formar parte del patrimonio estatal. Este paso refleja la severidad con la que el sistema judicial hondureño está tratando los casos relacionados con el narcotráfico y subraya la importancia de la cooperación internacional en la persecución de delitos transnacionales.


La resolución sobre la privación de bienes ocurre en un contexto de estrecha colaboración entre las autoridades hondureñas y estadounidenses. El 16 de agosto, la CSJ de Honduras ratificó la extradición de Cálix Hernández, confirmando la decisión de un juez de primera instancia. La extradición se solicitó debido a los graves cargos que enfrenta en EE.UU., incluyendo conspiración para importar sustancias controladas, distribución de drogas y posesión de armas de fuego. Cálix, quien fue vicealcalde del municipio de Gracias, Lempira, entre 2014 y 2018 por el Partido Nacional de Honduras (PNH), fue capturado el 21 de junio en Catacamas, Olancho. Su captura se produjo después de que la Secretaría de Seguridad hondureña incluyera su nombre en una lista de 16 personas con órdenes de extradición emitidas por EE.UU., ofreciendo una recompensa considerable por información que condujera a su arresto.


Acusaciones y perfil de Cálix Hernández


Según las autoridades estadounidenses, Mario José Cálix Hernández es parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas producidas en Colombia y trasladadas a EE.UU. mediante embarcaciones. El Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para importar sustancias controladas, fabricar y distribuir estas sustancias con conocimiento de su importación ilegal a Estados Unidos de Norteamérica, y posesión de estas sustancias a bordo de aeronaves registradas en el país. Además de los cargos relacionados con el narcotráfico, Cálix enfrenta imputaciones por uso y portación de armas de fuego, así como conspiración para estos delitos. La gravedad de estos cargos refleja la importancia del caso en el marco de la cooperación internacional contra el narcotráfico.


La vinculación de Cálix Hernández con figuras de alto perfil en la política hondureña añade una dimensión política al caso. Es señalado como presunto socio de Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, quien también ha sido condenado por narcotráfico. El expresidente Hernández fue sentenciado a 45 años de cárcel el miércoles 26 de junio de 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, mientras que su hermano Juan Antonio fue condenado a cadena perpetua en marzo del año 2021.


Este caso no solo pone de relieve en una nueva ocasión el alcance de las redes de narcotráfico en Honduras, sino que también subraya la necesidad de un sistema judicial fuerte y transparente para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. La captura y extradición de Cálix, así como la privación de sus bienes, son indicios de un esfuerzo por parte de las autoridades hondureñas para abordar estos desafíos y restaurar la confianza en el sistema judicial.


La resolución sobre la privación de los bienes de Mario José Cálix Hernández y su próxima extradición a EE.UU. son pasos cruciales en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Honduras. Estos desarrollos destacan la importancia de la cooperación internacional y el papel del sistema judicial en la persecución de delitos transnacionales. A medida que el caso avanza, será esencial monitorear su impacto en el sistema político y judicial hondureño, así como en las relaciones internacionales del país. La gestión de los bienes confiscados y la extradición del exfuncionario público marcarán otro capítulo más en la lucha de Honduras contra el crimen organizado, con la esperanza de que estos esfuerzos contribuyan a un sistema más justo y transparente en el futuro.


 

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