Tal parece que el régimen de Ortega está dispuesto a cruzar la línea para estar a nivel de los regímenes totalitarios, de esos que censuran por completo cualquier espacio donde los ciudadanos quieran expresar sus opiniones. Para ser más específicos me refiero a las redes sociales, mismas que se han convertido en una plataforma alternativa e indispensable en la comunicación luego del control que ejerce la familia presidencial y aliados en los medios tradicionales.
No es la primer ocasión en la cual Ortega pretende eliminar la libertad de expresión digital
El auge y la influencia que han tenido las redes en la sociedad nicaragüense ha marcado una serie de precedentes y han sido capaces de movilizar y crear tendencias sobre ciertos temas sociales por encima de las agendas de los medios tradicionales. No hay manera en la que el gobierno pueda controlar lo que en las redes se dice a pesar de los laboratorios de informática que monitorean permanentemente la opinión pública.
Sin embargo, en los últimos meses se ha notado una tendencia bajo una serie de denuncias en la que el régimen y sus allegados se han sentido aludidos, ejemplo de ello es el caso de las Elecciones Municipales donde hubo más de 7 muertos, la masacre en La Cruz de Río Grande, el caso de Roberto Rivas, el caso de Juan Lanzas, el incremento de los femicidios, el incremento en el salario de los diputados y el derroche de dinero en la Corte Suprema de Justicia, que fue precisamente desde esa institución donde salió la iniciativa de regular las redes sociales a través de la excelentísima y brillante doctora, defensora y representante de la justicia, magistrada Alba Luz Ramos quien manifestó contemplar como “delito” el “ciberbullying” y “ciberacoso”.
Fue Rosario Murillo quien dio la orden directa para "debatir" sobre este tema
En lo particular dicho manifiesto no llamó tanto mi atención, pero luego se dieron casi las mismas declaraciones pero esta vez desde la Policía Nacional, ahí ya paré las antenas, pero lo que me hizo entrar en extrema preocupación fueron las palabras de Doña Compañera al llamar a “un gran debate” (como si eso existiera) porque “podemos estar siendo influenciados negativamente”. La orden ya fue dada a la Asamblea Nacional y está puesta en marcha una posible iniciativa de ley que regule el uso de las redes o medios alternativos. Es aquí donde le invito a entrar a profundidad en los antecedentes nacionales y externos. ¿Es posible censurar redes? ¿Se atreverá Ortega a tomar esta medida?
No es la primera vez que el régimen amenaza con restringir el uso de las redes sociales. Existe una serie de antecedentes en Nicaragua sobre iniciativas de éste tipo que por fortuna de nosotros o ignorancia de ellos no han pasado a más.
En noviembre de 2013 Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) manifestó ante algunos medios sobre la propuesta de reforma constitucional para controlar el uso del internet; en ese entonces la razón era mantener controlado el sistema de datos y alojamientos por razones de seguridad. La iniciativa no tuvo mayor efecto luego que las alarmas se dispararon, pues se había generado un ambiente de confusión entre los usuarios de internet, así como entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de este servicio.
En julio de 2016, previo a las votaciones presidenciales, el honorable Consejo Supremo Electoral mediante un Reglamento de Ética Electoral pretendía restringir todo comentario sobre las elecciones en: “medios de comunicación, redes sociales, comunicadores sociales, propietarios, directores y presentadores de programas de comunicación social y sitios web, dirigentes y miembros de las organizaciones cívicas y ciudadanía en general”. Claramente la medida era violatoria a la libre expresión pero no dejaron claro sobre el tipo de castigo al que se enfrentaría quien “violará” dicho reglamento. Afortunadamente no pasó a más y recularon con el famoso reglamento.
De ninguna manera se puede pasar por alto los antecedentes externos de países aliados a Ortega donde ya se ha iniciado a implementar éste tipo de “regulación” como forma de represión, control y censura.
En mayo de 2017, un día antes de dejar la presidencia de Ecuador, Rafael Correa remitió a la Asamblea un proyecto de ley que tenía como objetivo regular los actos de odio y discriminación en las redes sociales y en el internet en general. Dicha regulación estaba orientada con el fin de “preservar respeto y la protección de los derechos de los ciudadanos”, afortunadamente la iniciativa fue engavetada y Correa nunca más volverá al poder.
En noviembre de 2017 la dictadura venezolana a través de la Asamblea Constituyente aprobó la "Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" para controlar el internet y condenar hasta con 20 años de cárcel a usuarios comunes, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicios que “promuevan discursos de odio”.
A inicios de éste año, en Bolivia, un funcionario oficialista reveló que el gobierno trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para “regular el uso de las redes sociales” con la finalidad de “promover el uso adecuado en estos espacios”. El tema entró a debata tras los resultados del referendo el 21 de febrero de 2016 donde Evo Morales sufrió una derrota y culpó a las redes sociales.
También hay una serie de países donde se ha bloqueado y restringido el uso de las plataformas digitales entre ellos China, Irán, Vietnam, Pakistán, Corea del Norte, Cuba, Siria, Libia, Afganistán, Túnez y Turquía, la mayoría considerados regímenes totalitarios.
Aunque el “gran debate” que propone Doña Compañera no especifica el tipo de medidas que vayan a tomar, uno se puede dar idea de sus intenciones. No somos ingenuos y la sociedad sabe de lo que el régimen es capaz. En la práctica, las posibles regulaciones serían una herramienta jurídica adicional para blindar a los funcionarios públicos frente a críticas legítimas que hace la sociedad en las redes.
Las redes sociales y el internet en general es una de las pocas herramientas de libertad de expresión que nos queda a las y los nicaragüenses / Tomada de El Nuevo Diario
La compañera tiene razón
Debo admitir que la señora Compañera tiene razón cuando dice que estamos siendo “influenciados negativamente”, no solamente en las redes, sino en los medios de comunicación de sus hijos y allegados que mantienen un permanente acoso a la sociedad con sus lenguajes nefastos, burlas, contenido vulgar, publicaciones que honran a la pareja presidencial y programas que denigran a todo tipo de ciudadano. También en las escuelas cuando se hace proselitismo, en los barrios cuando sus móviles adoctrinan, en las instituciones llenas de propaganda, en las avenidas y carreteras contaminadas con mega rótulos y muchas formas más. Hay que empezar regulando todo eso.
Al final todo es cuestión de voluntad política. Si Ortega lo quiere hacer, lo hace, sin necesidad de estar haciendo consultas. Tiene todas las instituciones bajo su control, una sociedad atada de pies y manos y una Asamblea a sus pies esperando la orden directa sin discusión. ¿Será que Ortega quiere estar a nivel de los peores regímenes autoritarios del mundo? Lo creo capaz.
En todo caso el gran desafío lo tenemos nosotros ya que debemos decidir si vamos a permitir que estropeen uno más de nuestros derechos humanos. Hablemos ahora o callemos para siempre.
