Desde el 21 de diciembre del año pasado Roberto Rivas, ese personaje que solo nos trae malos recuerdos, no ha dejado de ser el centro de la atención de la prensa no oficialista, analistas y de la opinión pública. Siempre hay algo nuevo relacionado con él pero de todos esos acontecimientos lo que indiscutiblemente pasará a la historia es la vulgar y bochornosa reforma a la Ley Electoral (Ley 331) que se hizo el pasado 7 de febrero para, irónicamente, “agilizar la función administrativa del Consejo Supremo Electoral (CSE) que redunde en beneficio de la comunidad”; bueno, al menos eso decía la declaración oficial.
Dicha deforma que fue enviada a la irrespetuosa Asamblea Nacional con el acostumbrado carácter de urgencia (capricho del régimen) y aprobada por una manada de honorables padres de la patria a la orden de su jefe; dichos señores solamente modificaron el artículo 14 para que los cheques ya no los tenga que firmar Roberto Rivas sino el vicepresidente Lumberto Campbell debido a que Rivas no puede hacer ningún trámite o transacción por estar en la lista negra de Estados Unidos donde aparecen los peores corruptos y violadores de derechos humanos del mundo.
¿Un poquito de democracia? ¡Ni en broma!
Por supuesto que la mayoría de los nicaragüenses estábamos esperando la destitución de Rivas. Sin duda eso significaría un pequeño motivo de esperanza para que en éste país podamos tener elecciones libres pero el régimen no tiene la voluntad de ceder, y con dicha reforma el mensaje que envió es que está dispuesto a proteger no solo a un individuo sino a todo su sistema de corrupción. ¡Qué locura! ¡Qué capricho!
Cuando Rivas apareció en la lista Magnitsky me preguntaba si Ortega estaría dispuesto a dar su brazo a torcer ante los EE.UU. y reconocer que en su régimen había corrupción, sin embargo con la reforma lo hizo de manera implícita y a la vez envió un mensaje desafiante al gobierno norteamericano en vísperas de la posible aprobación de la Ley Nica Act en el senado donde, dicho sea de paso, el tema del CSE es parte integral de dicha ley.
Almagro queda en ridículo
No hay que pasar por alto al señor Almagro, a quien todo parece indicar que está desinformado con el tema de Nicaragua pese a tener un supuesto “acuerdo de entendimiento” con el régimen, habría que preguntarle si la reforma a la Ley Electoral del 7 de febrero era parte de esos acuerdos o, ¿será que se quemó nuevamente las manos el señor Almagro? Lo cierto es que una vez más queda en ridículo y mal parado frente al tema de Nicaragua donde no ha sido consecuente ni coherente, y para colmo Ortega le demostró que no necesita de tres años para una reforma “sustantiva” al electorado.
¿Y qué dicen los empresarios?
Otros que me imagino y supongo que quedaron boquiabiertos con la reforma fueron los señores empresarios, o al menos tienen que mostrarse un poco preocupados porque saben perfectamente que lo que se hizo en la Asamblea fue grave por el alto costo que el país tiene que pagar cuando el Estado protege a un delincuente. Si no les preocupa entonces no estarían gastando dinero en los cabildeos para evitar la aprobación de la Nica Act. Hasta el momento sigo esperando que José Adán Aguerri y demás hierbas aromáticas rechacen esa acción.
“La punta del iceberg”
Fotografía de tomada por Carlos Herrera / Confidencial
Es necesario recalcar la opinión del monseñor Abelardo Mata, secretario de la dividida Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien acusó indirectamente al régimen de estar “mamando el erario” y que “Roberto Rivas es solo la punta del iceberg”. Está en toda la razón. Comparto plenamente su punto de vista, sin embargo creo que la mayoría de pobladores aún no es consciente del peligro y lo grave de la corrupción, pero sí están claros de la necesidad de elecciones libres y transparentes. Mientras no salgamos del régimen es difícil que se haga justicia frente a la corrupción que es su principal matriz.
Veremos si en la próxima Carta Pastoral los religiosos logran ponerse de acuerdo y hacen mención del caso, ya que siguen siendo ignorados con sus propuestas en aquél diálogo.
Y los próximos sancionados serán:
Queramos o no los cambios se están dando de afuera hacia dentro y por más que Ortega quiera proteger a Rivas el mundo sabe que es un corrupto. Lo hermoso será cuando más funcionarios de su régimen aparezcan en los próximos informes de la OFAC por los mismos casos, aunque no me cabe duda que a estas alturas la mayoría de los posibles sancionados ya retiraron todo el dinero que han acumulado en los bancos extranjeros y nacionales para no ser tomados por sorpresa como le pasó a Rivas.
En resumen, mantener a Rivas en el CSE y además protegerlo otorgándole inmunidad es un elemento extremadamente grave para el país puesto que la corrupción y el sistema anti-democrático se convierten oficialmente en una política de Estado impuesto por el matrimonio presidencial.
Desafortunadamente proteger a un individuo no solo compromete el presente y futuro de la nación. Es cada vez más urgente que la sociedad en general presionemos hasta lograr un nuevo sistema electoral y que esto represente a la vez el inicio de la lucha contra la impunidad y la corrupción.
