El Partido Nacional de Honduras nació en 1902, tras una separación dentro del Partido Liberal. Con una estructura disciplinada, es una institución altamente conservadora y alineada a los Gobiernos militares instaurados en Honduras durante el siglo XX. En la actualidad, las decisiones antidemocráticas y los vínculos con el narcotráfico, sumado a los escándalos de corrupción, han provocado un declive interno agudo, convirtiendo a dicha organización política en una fuerza alejada de los lineamientos democráticos.
Abril de 2021 - TEGUCIGALPA, HONDURAS - Mariano Ruiz es un joven hondureño, quien a temprana edad decidió servir a su comunidad desde las actividades sociales, sin esperar nada a cambio y motivado por el hecho de ayudar a los demás. Gracias a ello, hace 12 años, miembros del Partido Nacional de su barrio le extendieron una invitación para colaborar en una serie de actividades.
"Mis padres no tienen una afinidad política. Ahora que ven mis convicciones, consideran que mis acciones son buenas, a diferencia de muchos aspectos detractores en el Partido Nacional. Sin embargo, la institución política son personas, entonces, sabemos que cualquier individuo tiene intereses particulares a los ideales del partido", comenta Ruiz, quien también agrega que el partido "le dio la oportunidad de servir a su comunidad".
Luego de recibir formación política de la Escuela de Liderazgo del Partido Nacional, Ruiz explica que identificó las siguientes características en la institución: principios y valores sustentados en el humanismo cristiano; el bien común; la dignidad de la persona; la solidaridad y la equidad. A diferencia de esos argumentos y discursos, existe una diversidad de artículos dentro del estatuto del partido que, según diversos expertos consultados para este trabajo, generan alerta y son reflejo del autoritarismo en la institución, poniendo en tela de duda sus propios principios y acciones.
El Artículo 10 del estatuto del Partido Nacional establece que, al momento de rendir cuentas a cualquier órgano correspondiente, los miembros del partido, incluyendo sus autoridades, deben declarar la siguiente promesa: "Prometo ser fiel al Partido Nacional, a su declaración de principios y programas de acción política; cumplir y hacer cumplir sus estatutos y ser disciplinado a los mandatos de sus legítimas autoridades". Dicha acción, instaurada como un mandamiento, solamente refleja el autoritarismo generado de forma interna en el partido.
Los aspectos institucionales, como las obligaciones establecidas en el estatuto, son parte de una larga lista de rasgos que hacen del Partido Nacional de Honduras una institución política con severas discrepancias para muchos de sus militantes, quienes solo esperan órdenes de la línea de mando de la institución.
Estructura del Partido Nacional:
Convención Nacional
Órgano supremo del partido, que está integrado por 500 convencionales
propietarios con sus respectivos suplentes
Comité Central
Órgano Ejecutivo de acción permanente del partido; estará integrado por 50 miembros, electos por la
Convención Nacional, para un período de cuatro años, los cuales podrán ser removidos o sustituidos por el
voto afirmativo de las dos terceras partes de los Convencionales
Reinaldo Antonio Sánchez
Presidente
Olga Ayala
Vicepresidenta y Primera Vocal
Mario Pineda
Secretario General
Merary Díaz
Prosecretaria
Tomas Zambrano
Fiscal
Eduardo Loucel
Segundo Vocal
Abeli Lozano de Anduray
Tercera Vocal
Lisandro Rosales
Cuarto Vocal
Comités Departamentales
En cada cabecera departamental funcionará un Comité Departamental,
integrado por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, dos Prosecretarios,
un Fiscal y ocho Vocales
Comités y Subcomités Locales
En cada municipio funcionará un sólo Comité Local, excepto en el Distrito Central
en el que funcionarán: el Comité Local de Tegucigalpa y el Comité Local de Comayagüela
Fuente: Estatuto interno del Partido Nacional, medios de comunicación e informes estatales
El Artículo 19 del estatuto señala los derechos que tienen los miembros del Partido Nacional, pero el inciso "e" de dicho acápite indica que estos pueden participar en todas las reuniones públicas del partido, con voz, pero sin voto. En este caso, dicho artículo limita el derecho que tienen los miembros de la institución de opinar y proponer ante las decisiones que tomen sus autoridades, concentrando el poder en un grupo reducido de personas.
En los últimos años las decisiones han recaído únicamente en las máximas autoridades, sin generar debates o retroalimentaciones de la militancia, y dejando a sus miembros con la única acción de obedecer y exaltar a sus altos mandos. "Contribuir a la proyección y enaltecimiento de la imagen de los Candidatos del Partido que aspiren a cargos de elección popular", reza el punto "g" del Artículo 18, mismo que en el acápite "d" específica que es obligación de la militancia "acatar disciplinadamente las decisiones de las Autoridades del Partido".
La disciplina que rodea al Partido Nacional se refleja en su estatuto, en donde se plasman las órdenes que ciegamente deben seguir los partidarios. Para las elecciones generales de 2017, el Gobierno hondureño solicitó a todos los miembros del Partido Nacional votar en línea continua en la papeleta de los candidatos a diputados, basándose en la promesa que los militantes hicieron de cumplir sus políticas institucionales y limitando el derecho de sus votantes a elegir individualmente.
Muchos activistas políticos en el país adjudicaron a dicha técnica el haber obtenido la mayoría de escaños en el Poder Legislativo, con un total de 61 diputados.
De los 128 escaños del Congreso Nacional de Honduras, 61 le pertenecen actualmente al Partido Nacional, 30 al Partido Libertad y Refundación, 26 al Partido Liberal, 4 al Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, 4 al Partido Alianza Patriótica Hondureña y 1 al Partido Anticorrupción, Partido Unificación Democrática y al Partido Demócrata Cristiano de Honduras, respectivamente.
Ruiz explica que algo fundamental en la disciplina del partido es la ideología del "humanismo cristiano", un factor de gran influencia religiosa en la institución. "La biblia dice que Dios demanda el respeto a las legítimas autoridades. En ese sentido, como partido, somos respetuosos de las mismas. No significa que nos falte criterios propios, sino que sabemos que elegimos a nuestra autoridad y debemos respetar sus decisiones, y esperamos que sean las mejores", comenta el joven partidario.
A esto, Ruíz agrega que, cuando se habla de respeto a las autoridades, se basa en un orden partidario de la organización. Para el joven, está claro que los integrantes de su partido reconocen a sus líderes y, gracias a ello, existe la unidad.
A pesar del proceso establecido en el estatuto, para que un miembro pueda postularse como autoridad dentro del Partido Nacional, Mariano reconoce que existe favoritismo, aunque a su criterio "no está mal". Ante esto, argumenta que "cada organización debe impulsar las coyunturas con personas que puedan tener características naturales de liderazgo".
Un liderazgo femenino marginado
El Artículo 44 del estatuto del partido exige la integración de un 50 % de mujeres en todas las instancias, entre comités departamentales y locales. Además de exigir la equidad de participación en las planillas, la paridad y alternancia se ven reflejadas en las elecciones internas. No obstante, en el caso de las elecciones generales, dicha igualdad no se respeta.
A pesar de que en las planillas existe el tan aclamado 50/50, el favoritismo por los hombres del partido se refleja al ser ellos quienes obtienen los primeros puestos en las papeletas electorales. Las elecciones primarias del pasado 14 de marzo de este mal, en donde las mujeres del Partido Nacional figuraron en puestos secundarios, un fenómeno que sucede en todas las instituciones partidarias.
Durante las Elecciones Primarias del pasado mes de marzo de 2021, de 256 aspirantes al Congreso Nacional por el Partido Nacional solamente 118 eran mujeres.
El caudillismo, mezclado con un extremo tono de machismo, muy particular del Partido Nacional en sus discursos, legislaciones y similares, obstaculiza la participación política de las mujeres. En la historia del partido, solamente una logró ser parte de las elecciones generales (1996), tras ganar las primarias: Nora Gúnera Osorio de Melgar, quien perdió la Presidencia por una diferencia del 10 %.
Según datos del Observatorio del Poder, desde 1994 hasta la actualidad, en el Congreso Nacional han sido electas 60 mujeres por el Partido Nacional en calidad de propietarias, siendo el 2010 y 2018 los años con mayor representación femenina en el Poder Legislativo de Honduras.
La herencia del militarismo
Las acciones de varios nacionalistas durante su gestión en el Gobierno están desligadas del Partido Nacional, según Mariano Ruiz. "Han ocurrido diversas cosas, que no han sido favorables para el Gobierno. Algunos miembros del Partido Nacional, que tomaron decisiones equivocadas, se llevaron de encuentro a las personas que hacen las cosas bien".
El joven nacionalista señala que existe una campaña de satanización hacía el Partido Nacional, sin conocer que están acusando a todos los miembros. "Yo no soy de ellos, pero dicen 'los nacionalistas'. Sin embargo, existen compañeros que han luchado por estar allí por el bienestar de la sociedad", agrega el joven. A su vez, reflexiona que en toda institución "existen desperfectos" con sus miembros, pero resalta que se debe "atacar a la persona que cometió el ilícito" y no al partido.
Para entender algunos antecedentes históricos, el Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Honduras, Rolando Sierra, señala que una de las características importantes del Partido Nacional, para mantenerse en el poder, es la fuerza en la base de sus simpatizantes. El experto indica que en los sectores más pobres del país es en donde se concentra la mayoría del electorado de dicho partido.
Sierra recuerda los resultados de las dictaduras militares nacionalistas y como las malas acciones del Partido Nacional, estando en el poder, han afectado a la nación. "La democracia formal, que empieza en Honduras a partir de la década de los 80, en donde hay un Partido Nacional heredero del periodo de las dictaduras militares, no le permitió crecer", explica el experto sobre las dificultades de la institución partidaria.
Entre esas dictaduras militares que menciona Sierra, la más recordaba es la del General Tiburcio Carías Andino, quien se mantuvo en el poder por más de 16 años. Fue el reflejo de un Partido Nacional dominado por militares, que mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos de América, que reprimía las huelgas laborales y además brindaba importantes concesiones a las empresas bananeras de la época.
Dicho régimen censuró a los medios de comunicación por medio de la supervisión de todas las estaciones de radio y prensa. Además, con el respaldo político de su partido, Carías cometió crímenes tan atroces como el sucedido en la ciudad de San Pedro Sula en 1944, cuando más de 70 personas fueron asesinadas por exigir la renuncia del mandatario.
Esa herencia afectó al Partido Nacional, teniendo como resultado la pérdida de las elecciones desde 1982 hasta 1990. "En 1990 el Partido Nacional llega al Gobierno con Rafael Leonardo Callejas, que desmonta el Estado social e implementa en el país el neoliberalismo, con mucha fuerza, e inicia los procesos de privatización de empresas que eran del Estado y de la sociedad hondureña", explica un analista, quien solicitó anonimato para el presente trabajo.
La figura de Callejas fue promovida y admirada por muchos militantes y altos mandos del Partido Nacional ya que era un político joven y veían en él una oportunidad para fortalecer a los nacionalistas, y de esa forma poder ganar elecciones venideras. Pero, no fue así. Su Gobierno se vio envuelto en casos de corrupción, dando como resultado nuevamente un conflicto que terminó cediendo una amplia ventaja al Partido Liberal, brindándole dos mandatos consecutivos.
Para el año 2002, el Partido Nacional regresa a la Casa Presidencial con Ricardo Maduro, quien también fue Presidente del Banco Central de Honduras (BCH) durante el Gobierno de Callejas.
La vida privada de Maduro se vio expuesta por el secuestro y asesinato de su hijo en la ciudad de San Pedro Sula en 1997. Para muchos, ese acontecimiento explica el motivo de la lucha contra las maras y pandillas que sostuvo el Gobierno del exmandatario, quien fue uno de los grandes exponentes del neoliberalismo en Honduras, manteniendo su Gobierno ligado a los grupos empresariales, llamándose a sí mismo la "mano dura" por las reformas realizadas a la Ley Antimaras.
El fortalecimiento de un partido descompuesto
Sierra, Director de FLACSO en Honduras, señala que el Golpe de Estado en 2009 en contra del exmandatario liberal, Manuel Zelaya, provocó una nueva etapa en el Partido Nacional, reflejando una organización más unida, aprendiendo de las lecciones del pasado. "Esto (Golpe de Estado) ha beneficiado al Partido Nacional para consolidarse en el poder. Pero, en el contexto de este grupo (Gobierno actual), todo gira en torno a la figura de Juan Orlando Hernández, cuestionado, como en el período de Callejas, por temas de corrupción", enfatiza Sierra.
El Golpe de Estado cambió el rumbo y la historia del país, al igual que los partidos políticos. Fue así como se dividió el Partido Liberal y nació en el 2011 el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), coordinado por Manuel Zelaya. Una vez más la división le brindaba al Partido Nacional la oportunidad del poder. Ante esta ruptura, los nacionalistas lograron fortalecer su partido e instalar su Gobierno tras ganar las elecciones de 2009, pincelando así el punto de partida de un nuevo régimen dictatorial.
El 28 de junio de 2009, el Poder Legislativo estaba reunido para nombrar a Roberto Micheletti como Presidente de la República, tras la salida de Manuel Zelaya. En el acto, tomó la palabra Hernández, siendo diputado del Partido Nacional, y dio un discurso llamando al diálogo y apoyando la decisión que se tomó de sacar a Zelaya del poder.
Un año después, Hernández asumió la Presidencia del Congreso Nacional (2010-2014). Su gestión fue llamada "hemorragia legislativa" por la cantidad de leyes que fueron aprobadas sin discreción, entre ellas la famosa Ley de Secretos.
Dicha legislación protege la información de diversas instituciones públicas, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Defensa y fue aprobada el 24 de enero de 2014.
Según el informe "La Transparencia en Honduras: Evaluando la Efectividad del Acceso a la Información Pública", elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y otras instituciones de la región, existe una serie de contradicciones en la Ley de Secretos, sobre todo al momento de su práctica. "Basado en esta ley, en una de sus primeras aplicaciones el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó mediante resolución número 069- 2014, declarar como secreta la información generada por 18 instituciones civiles del Estado. Además, la resolución no se limita a las 18 instituciones incluidas, sino que lo deja abierto a otras instituciones que administran información de interés para la seguridad y defensa nacional", explica el informe sobre dicha legislación, que sirve como escudo para los funcionarios implicados en actos de corrupción, y que fue apoyada por el Partido Nacional.
El informe también señala que se incluyeron instituciones que estaban bajo la investigación de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), entre ellas el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Durante el 2016, organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso de inconstitucionalidad por vía de acción contra trece de los diecisiete artículos de la Ley de Secretos por considerar que los mismos se oponen a la Constitución de la República y a diversos instrumentos internacionales a los que el Estado de Honduras se ha adherido.
Otro de los acontecimientos que marcó la gestión de Hernández en el Congreso Nacional, con el respaldo del Partido Nacional, fue la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre de 2012. En conjunto con el expresidente Porfirio Lobo, el Congreso ordenó la sustitución de dichos funcionarios por supuesta "obstrucción" al proceso de depuración policial de aquel entonces, generando una incertidumbre entre los Poderes del Estado. El acontecimiento se dio en horas de la noche, como una forma de intimidación para que los diputados, tanto nacionalistas como opositores al oficialismo, votaran a favor de la acción. El Congreso hondureño fue rodeado por militares, acción que, junto a la destitución de los magistrados, fue criticada por expertos constitucionales.
Hernández decidió continuar con su proyecto de instauración y se postuló como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones primarias en 2012. Su principal contendiente, Ricardo Álvarez, lo acusó de fraude y exigía el conteo voto por voto. Meses después, Hernández ganó con un margen estrecho y Álvarez aceptó la derrota, decidiendo así ser el vicepresidente de Hernández para las elecciones de 2013.
Los expertos señalan que a pesar de las discrepancias que puedan tener las máximos autoridades del nacionalismo, estos líderes prefieren ocultar los inconvenientes internos con el fin de no proyectar una imagen de debilidad.
Hernández asumió la Presidencia de la República en 2014, prometiendo transformar Honduras y seguir con los planes de seguridad que venía impulsando desde su gestión en el Congreso. Un año después, su Gobierno comienza a verse envuelto en escándalos y actos de corrupción, relacionados a su mandato y al Partido Nacional, repitiendo la historia del nacionalismo.
En su segundo año de mandato, su Gobierno se vio envuelto en la filtración de los escandalosos cheques del IHSS que documentaban como fueron drenados un aproximado de siete mil millones de lempiras a nombre del Partido Nacional para la campaña política de 2013. Esto provocó gran indignación, dando como resultado masivas manifestaciones y la exigencia, por parte de la ciudadanía, de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). De manera simultánea, se daba inicio a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que logró desmantelar importantes redes de corrupción en el país vecino.
Ante las presiones, el Gobierno de Hernández optó por invitar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para facilitar un diálogo nacional, con el objetivo de construir un mecanismo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Fue hasta el 19 de enero de 2016 que se firmó un acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Honduras para la creación de la MACCIH.
Dicha entidad develó un total de 12 casos, en donde lograron demostrar la vinculación de funcionarios del Partido Nacional con el narcotráfico, y otros asociados a muchos diputados del Congreso Nacional, en su mayoría del mismo partido.
Ante esas vinculaciones con las altas autoridades del Partido Nacional, el 10 de diciembre de 2019, el Poder Legislativo emitió una recomendación para que la MACIH no continuará en el país, poniendo como uno de sus principales argumentos que la misión de la OEA "había violado principios y garantías constitucionales". Es por ello que, en enero de 2020, el Gobierno no renovó el acuerdo con dicho órgano, lo que representa un retroceso grave para la lucha contra la corrupción en el país, dejando en la impunidad muchos casos vinculados al nacionalismo, los cuales demuestran la verdadera naturaleza del partido.
Los 12 casos expuestos pusieron en evidencia como las más altas esferas del Partido Nacional, que forman parte del Estado, utilizaban las estructuras gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo actos de corrupción, prácticas al margen de la ley e incluso actividades de crimen organizado transnacional, así como narcotráfico de estupefacientes y complicidad con los cárteles internacionales y nacionales para beneficios políticos, electorales y económicos.
El control que mantiene el Partido Nacional sobre los Poderes del Estado incluye al Ministerio Público, bloqueando así las investigaciones pertinentes sobre casos de corrupción y otros vínculos. A pesar de que se han publicado investigaciones donde se señalan a muchos funcionarios implicados con el crimen organizado, estos no son procesados.
Corrupción: ¿la esencia del Partido Nacional?
Para Mario Sorto, sociólogo e investigador del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Partido Nacional forma parte de una red de corrupción, la cual está conformada por el sector público, privado y el crimen organizado. "Desde el 2009, el Partido Nacional obtiene un cambio radical, en el sentido de que pasa de ser segunda fuerza política a tener elementos muy importantes en las redes de corrupción. Nosotros vemos cómo les favorece el Golpe de Estado. Resulta mucho más evidente que el Partido Nacional ahora tiene como principal fuente de cúmulo el capital del Estado", explica Sorto.
Además, el sociólogo recuerda el caso de narco-política presentado por la MACCIH, en el cual se vincula al Cártel de los Cachiros y a miembros del Partido Nacional, entre ellos el exalcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, y el hijo del expresidente Lobo, el abogado Fabio Lobo, quien actualmente guarda prisión en los Estados Unidos de América por narcotráfico.
Funcionarios del Partido Nacional acusados
o culpables por diversos delitos:
Juan Antonio Hernández
Hermano del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras
Miguel Pastor
Exfuncionario del Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa
y exalcalde de Tegucigalpa
Rosa Elena Lobo
Esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa
Lena Gutiérrez
Exdiputada y exvicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras
Roger Arquímides Quiroz
Exdiputado del Congreso Nacional de Honduras
Rodolgo Irías Navas
Diputado del Congreso Nacional de Honduras
Ramón Lobo Sosa
Exdiputado y hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa
Fuente: Medios de comunicación e informes estatales
Desde el año 2010 a la fecha, el Partido Nacional fue autor de varios casos sobre desfalcos a instituciones del Estado, entre ellos el caso "Pandora", presentado por la MACCIH: una red de corrupción integrada por más de 38 funcionarios, entre ellos Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, esposo de la difunta hermana del Presidente Hernández, e Hilda Hernández, quien se encargó de desviar al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar la campaña política del Partido Nacional y el Partido Liberal durante el 2013.
Estos actos de corrupción, que vinculan al narcotráfico con representantes del Partido Nacional, quienes actualmente se encuentran en el poder, han afectado la imagen de la institución, como lo mencionó con anterioridad el joven Mariano Ruíz. La población señala en general a los nacionalistas y no al individuo que ha sido acusado.
Este fenómeno ha generado un desgaste y descontente en la población, incluso en aquellos ciudadanos que no pertenecen a un partido político. Se puede reflejar en el abstencionismo en las últimas elecciones generales.
En la actualidad, la corrupción y los vínculos con el narcotráfico se mantienen vivos en el interior del Partido Nacional. A pesar de que Juan Orlando Hernández asegura que no volverá a buscar la reelección, los dos candidatos y líderes del nacionalismo que buscan ser los herederos del poder presidencial mantienen un historial cuestionable. En el caso de Mauricio Oliva, Presidente actual del Congreso Nacional, fue acusado en una investigación periodística de estar vinculado con el cartel de narcotraficantes los “Cachiros”.
Por otra parte, el actual Alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, quien es el candidato favorito de Hernández y el ganador de las elecciones primarias del pasado 14 de marzo, fue acusado en el 2019 por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público por el desvío de al menos 29 millones de lempiras (más de un millón de dólares norteamericanos) que fueron sacados de las arcas de la municipalidad de la capital hondureña en el periodo 2017-2018, y transferidos a cuentas personales de Asfura y de terceros.
A la fecha, el Partido Nacional se encuentra en una situación delicada y su futuro para continuar en el poder es incierto. El desgaste político y los acontecimientos que se desarrollan en el juicio del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes en una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, son hechos que han mermado la poca credibilidad que el nacionalismo tenía.
Durante el juicio de Fuentes, testigos como el exlíder del Cártel de los Cachiros, Devis Leonel Rivera, declararon que el Presidente Hernández y otros funcionarios importantes del Partido Nacional recibieron grandes sobornos a cambio de favores empresariales y políticos.