Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ha tomado la decisión de no extender el llamado "parole humanitario", un programa temporal que ha permitido la entrada de cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Este anuncio, realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este viernes 04 de octubre de 2024, marca el fin de un beneficio migratorio que fue introducido en 2022 con el objetivo de reducir los cruces ilegales en la frontera sur.

El "parole humanitario", también conocido como programa CHNV, fue diseñado para otorgar a los migrantes un permiso de residencia y trabajo de hasta dos años. Esta medida surgió como respuesta a la creciente presión migratoria en la frontera con México, y ofreció una vía legal para que los migrantes pudieran ingresar al país. Sin embargo, el DHS ha sido claro desde el inicio sobre la naturaleza temporal de este programa, subrayando que su objetivo era permitir que los beneficiarios buscaran alternativas para regularizar su estatus migratorio durante ese período.

A lo largo de los casi dos años de implementación, más de 530,000 personas de estos cuatro países llegaron a EE.UU. bajo el parole. Según datos gubernamentales, el programa permitió la entrada de aproximadamente 214,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 111,000 cubanos y 96,000 nicaragüenses. Pese al gran número de personas que han logrado ingresar legalmente al país, el DHS confirmó que quienes no regularicen su situación migratoria o no encuentren otras formas de alivio, deberán abandonar el país o enfrentarse a procesos de deportación.

El primer grupo que se verá afectado por esta decisión serán los venezolanos, quienes comenzaron a beneficiarse del parole en octubre de 2022. Para ellos, el estatus de libertad condicional expirará a finales de este mes. A los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua les sucederá lo mismo a partir de enero de 2025, cuando comienzan a vencer sus permisos de permanencia de dos años.

La administración del presidente Joseph Biden introdujo este programa en un contexto de creciente preocupación por los cruces ilegales en la frontera. El parole permitió un control más eficiente sobre la entrada de migrantes, lo que ayudó a reducir las detenciones en la frontera. De hecho, las autoridades han indicado que los encuentros con migrantes de estos países disminuyeron en más del 99 % desde que se implementó la medida, destacando su efectividad en cuanto a la disuasión de migrantes que podrían haber optado por cruzar ilegalmente.

No obstante, esta política ha sido objeto de críticas y desafíos, especialmente ante la decisión de no extender la duración del parole. Si bien el programa sigue vigente para nuevos solicitantes de estos cuatro países, la duración máxima sigue siendo de dos años. Esta medida contrasta con la extensión del beneficio para migrantes de Afganistán y Ucrania, quienes han recibido más apoyo por parte del gobierno estadounidense debido a las crisis humanitarias en sus países.

Para aquellos que aún se encuentran bajo el amparo del parole y desean regularizar su situación, las autoridades han recomendado explorar otros caminos legales, como la solicitud de asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque estas alternativas no están garantizadas. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de Norteamérica (USCIS) siguen procesando solicitudes de patrocinio a través del formulario I-134A, que permite a los migrantes buscar patrocinadores que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno para asegurar una entrada segura y ordenada al país.

El DHS ha implementado controles adicionales para prevenir fraudes en el proceso de patrocinio, debido a que el programa fue congelado temporalmente en 2023 ante denuncias de irregularidades. Aunque fue reactivado con medidas más estrictas a finales de agosto de ese año, la incertidumbre sobre el futuro de los beneficiarios ha generado preocupación en las comunidades migrantes.

El fin del parole para los migrantes de estos cuatro países latinoamericanos refleja un endurecimiento de la política migratoria de EE.UU. en medio de un contexto electoral en el que la inmigración ha sido uno de los temas clave. El presidente Biden ha enfrentado presiones tanto por parte de sectores que exigen más restricciones en la frontera como de defensores de los derechos de los migrantes, que critican la falta de soluciones permanentes para aquellos que llegaron al país bajo este programa. Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata a la Presidencia, también asume desde ya esos desafíos.

En este sentido, la decisión de no extender el parole podría tener un impacto significativo en miles de familias que aún no han podido regularizar su situación, y que ahora se enfrentan a la difícil decisión de abandonar el país o arriesgarse a ser deportados. Mientras tanto, el gobierno continúa defendiendo la política al afirmar que ha contribuido a reducir los cruces ilegales, aunque el futuro de muchos migrantes sigue siendo incierto.