El Congreso de Guatemala ha recibido este lunes los expedientes de más de 300 candidatos para las cortes de Apelaciones, así como un listado de 26 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un proceso que definirá el rumbo del sistema judicial para el período 2024-2029. La selección de estos magistrados se considera fundamental en la lucha contra la corrupción en el país, en un contexto donde las designaciones pasadas han sido fuertemente criticadas por su politización.

Tras semanas de análisis y votaciones, las comisiones postuladoras completaron sus listados en la madrugada del lunes. Miquel Cortés Bofill, presidente de la comisión encargada de la CSJ, destacó la importancia de este paso para el país, mientras que representantes de la Universidad Rafael Landívar, donde se elaboraron los listados, subrayaron los intentos de retrasar el proceso judicial. No obstante, el cumplimiento de lo establecido por la ley permitió su culminación.

Ahora, el Congreso, compuesto por 160 diputados, tendrá la responsabilidad de elegir a 13 magistrados titulares y 13 suplentes de la Corte Suprema, y alrededor de 220 jueces de las salas de Apelaciones. La renovación de la Corte Suprema es prácticamente total, ya que solo tres magistrados actuales forman parte del listado enviado.

Impugnaciones y cuestionamientos al proceso

Pese al avance, el proceso de selección no ha estado exento de controversia. El abogado Pablo Vinicio Racancoj López presentó un amparo alegando irregularidades en la última votación de la Comisión de Postulación. Racancoj sostiene que un cambio en el procedimiento excluyó injustamente a más de 500 aspirantes, lo que afectó la equidad del proceso. Según sus declaraciones, los candidatos no fueron sometidos al mismo escrutinio en la votación a viva voz que se utilizó en rondas anteriores.

Por su parte, el abogado Érick Castillo, en representación de otros 15 aspirantes, también interpondrá un amparo similar contra la nómina, argumentando que el cambio de reglas a último momento perjudicó a un número significativo de postulantes.

Ambos amparos presentan un reto legal para el Congreso, que ahora deberá decidir si procede con las elecciones en medio de estas impugnaciones, o si espera a que se resuelvan los recursos judiciales. Mientras tanto, la opinión pública y sectores de la sociedad civil estarán atentos a cómo se lleva a cabo este proceso crucial para el futuro de la justicia en Guatemala.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

Las elecciones judiciales en Guatemala han estado marcadas por acusaciones de influencias políticas en ciclos anteriores, particularmente en las elecciones de 2014 y 2019. Expertos advierten que, de repetirse estas dinámicas, las perspectivas para combatir la corrupción podrían verse severamente comprometidas. Esta elección no solo redefine la estructura judicial del país, sino que también pone a prueba la transparencia e independencia de las instituciones, en un contexto donde la justicia ha sido frecuentemente objeto de cuestionamientos.

El destino de las cortes guatemaltecas está ahora en manos del Congreso, y su decisión será crucial para garantizar que el sistema judicial continúe o, por el contrario, se vea atrapado nuevamente por intereses políticos y particulares.