La Cámara de Comercio de Guatemala ha solicitado con urgencia a las autoridades encargadas de velar por el orden público la liberación de los puntos bloqueados en el país centroamericano, que continúan generando tensiones y afectando las libertades fundamentales de los guatemaltecos. En un comunicado, la entidad empresarial calificó estos bloqueos como un acto que vulnera las garantías constitucionales y perjudica gravemente tanto a los ciudadanos como a la economía nacional.

Los bloqueos, que comenzaron a fines de la semana pasada, se han extendido por diversas rutas en todo territorio nacional, causando molestias y pérdidas económicas a millones de personas y cientos de empresas. El ente subraya que estas acciones son perpetradas por individuos fuera de la legalidad, quienes interrumpen el libre tránsito y las actividades comerciales, laborales y educativas de la población.

En su mensaje, la Cámara recuerda que la Corte Constitucional (CC) ha emitido reiteradas instrucciones para que las autoridades competentes —incluido el presidente de la República, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil— tomen medidas inmediatas para desbloquear las vías y restablecer el orden. Además, señala que la investigación y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales, son una obligación del Estado para evitar que estos actos persistan.

El llamado a la acción se da en el marco de las manifestaciones en curso contra el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos, establecido en los Acuerdos Gubernativos 46-2025 a 49-2025. La controversia por esta medida, que impondrá tarifas de indemnización por accidentes y sanciones por incumplimiento, ha generado una reacción polarizada entre la población. Si bien algunos apoyan la política, otros han expresado su desacuerdo, llevando a la movilización en diferentes puntos del país.

La respuesta del Gobierno ante los bloqueos

Hoy, miércoles 19 de marzo de 2025, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció sobre la situación, reconociendo que, aunque se anticipaba descontento por la implementación del seguro vehicular, la magnitud y el carácter de los bloqueos fueron inesperados. Según Jiménez, estos no corresponden a manifestaciones espontáneas, sino que podrían estar siendo organizados por grupos con intereses más allá de la protesta social. Los vehículos utilizados en los bloqueos, según el análisis de las autoridades, parecen tener características similares, lo que sugiere una posible estrategia coordinada.

El ministro también mencionó que los bloqueos no solo están siendo monitoreados desde el punto de vista del orden público, sino también como un posible acto delictivo. Las autoridades, por tanto, han comenzado a implementar protocolos para despejar las rutas, con un enfoque que podría incluir el uso proporcional de la fuerza, en caso de que los manifestantes no accedan a liberar las vías de manera pacífica.

Jiménez también indicó que el gobierno sigue abierto al diálogo con los sectores involucrados, pero reiteró que la obligatoriedad del seguro vehicular no está en discusión. Aunque las autoridades han sido claras en su intención de resolver el conflicto mediante el diálogo, el uso de fuerza se considera una opción si las manifestaciones se tornan violentas o si no se llega a un acuerdo.

La tensión entre el derecho a manifestarse y el orden público

El gobierno de Guatemala, mientras continúa buscando soluciones mediante el diálogo, enfrenta un delicado equilibrio entre respetar el derecho constitucional de la ciudadanía a manifestarse y garantizar el cumplimiento del orden público. En este contexto, las autoridades insisten en que los bloqueos son una respuesta desmesurada y atípica a la medida del seguro obligatorio.

Por el momento, los bloqueos no han requerido una intervención militar o policial directa, aunque la presencia de unidades de seguridad ha sido necesaria para acompañar a los manifestantes y monitorear la situación. Las autoridades insisten en que no se ha agotado la vía del diálogo, y que esta debe ser la prioridad para resolver la crisis sin recurrir a medidas drásticas.

En este sentido, los ciudadanos que se oponen a la medida tienen la posibilidad de acercarse a las autoridades para expresar sus preocupaciones de manera formal y buscar soluciones conjuntas. No obstante, la situación sigue siendo tensa, con una población que espera respuestas rápidas para restablecer la normalidad en las rutas y evitar más daños económicos y sociales.

Este enfrentamiento entre las políticas del gobierno de Arévalo y los manifestantes pone en evidencia las profundas divisiones que existen en la sociedad guatemalteca respecto a las políticas públicas y la manera en que deben implementarse para satisfacer las necesidades y derechos de la población. Según la reciente actualización de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), al cierre de este texto, por segundo día consecutivo, se contabilizan 31 bloqueos a nivel nacional, con solo dos rutas habilitadas. En la ciudad de Guatemala, siete rutas se vieron afectadas, aunque una ya fue liberada. En los departamentos, las protestas persisten en diversas localidades, incluyendo:

• Petén: Sayaxché (aldea Las Pozas y caserío La Torre).

• Amatitlán: Km 10 y 30 de la CA-9 Sur, bulevar Cenma.

• Alta Verapaz: Km 180.5 de la CA-14 (San Julián Tactic) y km 204 (Santa Cruz).

• Zacapa: Km 124 de la CA-9 Norte (Teculután) y km 164 (Mayuelas).

• Santa Lucía Milpas Altas: Km 32 de la RN-10, La Choza.

• Jalapa: San Antonio, Monjas (RN-19).

• Izabal: Livingston, La Libertad, aldea Ciénagas y puente Machaquilá.

• Otros puntos: San Pedro Carchá (Alta Verapaz), ingreso a Chisec y salida a Xuctzul (RD-AV-09), aldea Xucul (km 218 de la RN-7E).

Los bloqueos han generado pérdidas millonarias para la economía guatemalteca. Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), estima que cada día de bloqueos representa:

• Q330 millones en pérdidas (Q200 millones en la industria y Q130 millones en ventas no realizadas).

• 34,000 salarios mínimos perdidos por cada hora de bloqueo.

• Afectaciones en la distribución de alimentos, medicamentos y material médico quirúrgico.

Luis Mazariegos, de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), reportó interrupciones en la recepción de materia prima y retrasos en la distribución de productos en tiendas, mercados y supermercados. El lunes 17 de marzo, el Diario de Centroamérica publicó cuatro reglamentos que establecen la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para vehículos, con un plazo de 45 días para su contratación. La medida busca reducir los 22 accidentes diarios que, en promedio, causan seis muertes y 24 heridos. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció que el gobierno presentará denuncias ante el Ministerio Público contra responsables de bloqueos que impidan la libre circulación. "Esto es un hecho criminal disfrazado de manifestación", afirmó. El gobierno habilitó el número 1599 para brindar información y aclarar dudas sobre la implementación del seguro obligatorio. Los bloqueos continúan generando tensiones entre el gobierno, el sector productivo y los manifestantes, mientras la población enfrenta dificultades en su movilidad diaria.

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